- Alfredo del Mazo debe resarcir a las víctimas y sus familiares de Tlatlaya.
- El Poder Judicial mexiquense se debe sensibilizar en garantías individuales.
- Integrantes de la administración de Alfredo del Mazo pretenden boicotear la Ley de Amnistía.
A siete años de la masacre de 22 personas a manos de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con la complacencia de la policía mexiquense, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” urgió al gobernador Alfredo del Mazo a resarcir de manera inmediata los daños a las víctimas y sus familiares.
El abogado Jose Antonio Lara Duque recordó que el 30 de junio de 2014, un total de 22 personas fueron asesinadas por personal militar, apoyado por personal de la policía mexiquense, en un paraje de la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.
En ese acto violento, -ya documentado por personal que defiende los derechos humanos-, se han podido establecer acciones que impiden acceso a la verdad, justicia y la reparación integral de los daños a las víctimas y familiares.
“Es necesario que los integrantes del Poder Judicial mexiquense se sensibilicen en materia de las garantías individuales a fin de conocer la verdad, hacer justicia y reparar, de manera integral, el daño a una veintena de familias afectadas por estos graves hechos que han empañado la vida en México”.
En el mismo tenor, Lara Duque, cofundador del “Zeferino Ladrillero” recordó que la actuación de la administración de la entidad mexiquense debe hacerse de manera puntual y en apego estricto a la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del que México está suscrito.
“Hoy, observamos que una parte sustancial del Poder Judicial mexiquense se manifiesta en contra de renovar el proceso jurídico acorde a conceptos como justicia, dignidad, verdad y honestidad, tal y como lo impulsa el ministro-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la reforma ya aprobada por el Poder Legislativo federal”, explicó.
A manera de ejemplo, decenas de ciudadanos mexiquenses esperan obtener el beneficio de la Ley de Amnistía, pero, “aparentemente integrantes de la administración del gobernador Alfredo del Mazo pretenden boicotearla, ya que impiden sostener los principios que he comentado, de dignidad, justicia y verdad”.
“Hay decenas de personas injustamente presas que esperan obtener el beneficio de la Ley de Amnistía y, que el Poder Judicial mexiquense omite —por error, negligencia o colusión— que en estos casos ya la Comisión mexiquense que defiende las garantías individuales emitió sendos documentos que avalan violaciones al debido proceso en estos casos.
Por este motivo, es necesario que el jefe del Poder Ejecutivo estatal Alfredo del Mazo Maza ponga atención inmediata al interior del Poder Judicial y en estos temas prioritarios para el óptimo desarrollo de la administración de su gobierno, acorde a los derechos humanos; “urgimos que este tema sea atendido antes de que la Ley de Amnistía se convierta en letra muerta”.
Por todo esto, Lara Duque indicó que el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” continuará en el trabajo para combatir la impunidad, además de construir un mecanismo de justicia que beneficie a todas la personas, de manera particular a las más vulnerables.