● El Congreso avaló reformas (conocidas como “Ley silla”) para que las instituciones públicas proporcionen asientos o sillas al personal para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral.
● La reforma beneficiará a personal de atención al público, de limpieza, resguardo, orientación ciudadana, atención en ventanillas, seguridad y otras áreas operativas.
El Congreso mexiquense aprobó que las personas servidoras públicas de la entidad tengan derecho a contar con un asiento o silla con respaldo y de fácil acceso, reforma que beneficia, de manera particular, al personal de atención al público, de limpieza, resguardo, orientación ciudadana, atención en ventanillas, seguridad y otras áreas operativas del sector público, quienes trabajan jornadas largas (la mayor parte del tiempo de pie).
La modificación a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, propuesta por la diputada Maricela Beltrán Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario MC, dispone que es obligación de las instituciones públicas proporcionar el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a todas las personas servidoras públicas, para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral.
Conforme al dictamen de la iniciativa, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. Al dar lectura a la iniciativa, la legisladora proponente resaltó que se trata de un paso significativo en la defensa de los derechos laborales y humanos de las personas servidoras públicas.
“La reforma representa un avance en la consolidación de condiciones laborales dignas y justas para los servidores públicos del Estado de México. Garantizar espacios laborales ergonómicos no sólo protege la salud y dignidad de quienes sirven directamente a la sociedad, sino que también contribuye a fortalecer la calidad y eficiencia del servicio público estatal”, resalta el documento.
También expone que en el sector central de la administración estatal laboran más de 159 mil personas servidoras públicas, por lo que la reforma representa una inversión inteligente, pues se traduce en menos incapacidades del personal y una mejora del ambiente laboral, en pro de un servicio más eficiente y humano.
Finalmente, señala que los poderes públicos del Estado y ayuntamientos, así como los órganos autónomos, en sus respectivos ámbitos de competencia contarán con un plazo de hasta 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor, para realizar los ajustes materiales necesarios a fin de darle cumplimiento a la reforma.