Con el fin de regular la participación de las organizaciones y asociaciones civiles estatales nacionales e internacionales en la planeación, evaluación y seguimiento de políticas, programas y acciones tendientes a prevenir, combatir y erradicar la trata de personas, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legislatura aprobaron la propuesta de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas en el Estado de México.
En sesión de trabajo encabezada por los diputados María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) y Sergio García Sosa (PT), presidentes de las citadas comisiones, los diputados integrantes destacaron la importancia de la iniciativa de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN) que modifica el artículo 38 de esta ley, pues favorecerá la participación más ordenada y coordinada de las organizaciones civiles especializadas en la materia, a efecto de que se conviertan en un elemento fundamental de ayuda para combatir este ilícito.
Ingrid Schemelensky Castro dijo que la trata de personas es uno de los delitos de mayor impacto sobre el tejido social, debido a que las víctimas y su entorno social y familiar se ven privados de las condiciones más elementales para el desarrollo de la vida a partir de la libertad reconocida por el Estado para autodeterminarse.
Se trata, dijo, de un fenómeno delictivo de alto impacto social y multifactorial, ejecutado por organizaciones nacionales e internacionales articuladas en células independientes pero no desvinculadas, que atacan principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, que comúnmente están en situación de desventaja respecto del agresor, lo que les impide oponer resistencia.
La diputada señaló que la incidencia de este delito en territorio nacional es tal que, en el plazo de un año, el número de víctimas identificadas se duplicó de 127 a 250; pero entre 2011 y 2012 solo siete personas fueron condenadas por estos delitos y para 2013 la cifra ascendió a 56.
Explicó que el número de víctimas menores de edad aumentó 56.8% desde 2011, según datos oficiales entregados a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía Especializada para la Violencia contra la Mujer y el Tráfico de Personas, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos.
La diputada Iveth Bernal Casique indicó que los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI están convencidos de que atender y combatir la trata de personas es fundamental para garantizar un clima de seguridad a los mexiquenses. “Sin duda, la intervención de las organizaciones y asociaciones civiles en el combate a este flagelo social es de suma importancia, como también lo es que se precisen los lineamientos para su participación en el orden normativo”, consideró.
Los diputados Gerardo Ulloa Pérez (morena) y Omar Ortega Álvarez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, anunciaron que presentarán iniciativas para que se regule y fiscalice a estas organizaciones y asociaciones civiles y se agregue el derecho de las víctimas a la justicia pronta y cumplida.
La iniciativa fue remitida a la presidencia de la Directiva de la Legislatura para su programación ante el Pleno.
En esta misma sesión los legisladores determinaron que la iniciativa de reformas a la Constitución Política estatal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México sobre la profesionalización de los servidores públicos y de los magistrados, presentada por la diputada Violeta Nova Gómez (morena), sea consultada con los integrantes de estas comisiones y del Poder Judicial en mesas de trabajo para su correcto análisis y dictamen.