Aula Política – Retos financieros fuertes para el 2019

Por Julio Requena

La bancada de MORENA en el Poder Legislativo mexiquense ha empezado por cumplir una de las promesas hechas previamente a su llegada: la derogación de la Ley ISSEMYM. Para quien recuerde, luego del triunfo electoral, el grupo parlamentario de MORENA ya encabezado por Maurilio Hernández advirtió que se revisarían las reformas hechas de última hora por la pasada Legislatura y prometió echar abajo dichas modificaciones por ser dañinas tanto para los trabajadores como para el Estado de México.

Con la abrogación de la Ley ISSEMYM, los morenos están cumpliendo su palabra en una primera parte, porque todavía falta la revisión de la deuda pública y su renegociación con la banca, lo cual de realizarse sería un segundo golpe para el plan que el mandatario mexiquense había trazado para la entidad.

Dicha revisión de la deuda pública pudiera desarrollarse durante la discusión del Presupuesto de Egresos de 2019 o el conocido Paquete Fiscal de cada año, por lo que con esta abrogación de la Ley, el gobierno priísta tendrá que ser más efectivo en el cabildeo legislativo si quiere tener condiciones financieras favorables para poder trabajar en el corto, mediano y largo plazo, pues un cambio de esta naturaleza lo metería en graves problemas.

Esta marcha atrás en la Ley del ISSEMYM, es solo una advertencia de la nueva mayoría y da tres mensajes claros:

1.- El saneamiento financiero tendrá que transitar por el saneamiento burocrático del gobierno, restringiendo así que muchos funcionarios federales que quedaron desempleados puedan tener un espacio en el gobierno local. El personal que pague el Edomex tendrá que ser operativo y no puestos políticos de refugio.

2.- Se le cierra la posibilidad para que el ISSEMYM siga siendo la ‘caja chica’ del PRI en tiempos electorales y se haga un esfuerzo por recuperar los presupuestos faltantes. Habrá dinero para servicios de salud y pago de pensiones mediante un manejo transparente, es decir, la entrega de los recursos directamente para lo que son, pues tanto el Fondo de Pensiones como el Fondo de Salud deberán mantenerse íntegros hasta salir de este trance.

3.- Si ocurriera una crisis financiera en el ISSEMYM, el directamente responsable sería el gobierno del Estado (priísta) por lo que MORENA y sus aliados tendrían elementos para usar este tema de manera política y exhibir los malos manejos en la contienda intermedia del 2021. Sumado al enojo social que detonaría por parte de los servidores públicos afiliados o derechohabientes de esta institución de salud.

El papel del gobierno ante esta posible crisis es atender los riesgos, cabildear mejores condiciones para la entidad y prepararse para lo peor, dado que todas estas acciones le estarán pegando en el manejo político presupuestal. Será un gobierno obligado a hacer bien las cosas, a destinar bien los recursos, por lo que sí sabe hacerlo y difundirlo habrá ganado más de lo que ahora está perdiendo.

PARA LA AGENDA PÚBLICA… Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder y la entrada en función de los coordinadores estatales de los programas se echó andar un plan orquestado para poner orden en muchos aspectos de la vida pública del país, solo se reservó el asunto de la Seguridad Pública, dado que no se pueden tomar decisiones en este rubro sin la participación de los gobernadores.

El tema de seguridad, no se puede ver desde afuera y quitarles el mando local a los gobernadores porque se estaría exponiendo a que el problema no se resuelva sino que empeore por las posturas contrastadas hacia la solución. Pero todo se resume a dos argumentos:

  1. Si los gobernadores quieren más recursos para seguridad, deberán dar mejores resultados. No se puede seguir invirtiendo mucho dinero en seguridad sin resultados tangibles que puedan llamarse avances.
  2. Si el gobierno federal quiere resultados tiene que involucrar a todos los sectores de la sociedad, pues los delincuentes no son ‘extraterrestes’ sino que son los mismos ciudadanos que por necesidad o comodidad han preferido dedicarse a actividades delictivas dañando a las familias sin importar consecuencias, gracias a la impunidad que reina.

Para acabar con la impunidad tanto el poder judicial como el poder ejecutivo son primordiales en su ejecución, mientras que al Poder Legislativo le compete la revisión de las normas para adecuarlas a la realidad.