Las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público, de Finanzas Públicas y de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) de la 60 Legislatura aprobaron el proyecto de rehabilitación y conservación de la carretera libre de peaje Toluca-Ixtapan de la Sal-Tejupilco bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), el cual será vigilado por una contraloría social intersectorial a fin de evitar actos de corrupción.
Lo anterior, durante el análisis de la propuesta presentada por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, con la que se pretende rehabilitar mil 637.8 kilómetros carreteros y para lo que se busca obtener recursos por 13 mil 629 millones de pesos.
El dictamen, leído por la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (morena), fue aprobado por unanimidad con la adición de cinco artículos transitorios a los tres que ya incluía la propuesta inicial, a petición del Grupo Parlamentario de morena.
Así, el artículo cuarto transitorio establece que los municipios beneficiados podrán integrar una contraloría social intersectorial por cada tramo, la cual será conformada por ciudadanos que cuenten con conocimientos sobre el proceso y deberán tener la información del proyecto total y el cronograma de ejecución de la obra. La contraloría tendrá como atribuciones específicas el seguimiento, supervisión, control y vigilancia de la obra, con la finalidad de combatir la corrupción.
El quinto transitorio señala que la Legislatura podrá, en todo momento, requerir al supervisor responsable del proyecto un informe de seguimiento y cumplimiento, quien además, según se establece en el sexto transitorio, entregará al Congreso un informe trimestral detallado sobre el cumplimiento del cronograma y el reporte del avance físico y financiero de la obra.
Respecto al transitorio séptimo, la empresa adjudicada contratará preferentemente a trabajadores locales para ejecutarlo, quienes deberán ser ciudadanos de las comunidades, ejidos y pueblos de los municipios directamente beneficiados, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y el trabajo local.
En el transitorio octavo se precisa que las secretarías de Comunicaciones y de Finanzas del gobierno del estado, conforme a la disponibilidad presupuestal, conformarán un mecanismo de coordinación interinstitucional entre los niveles de gobierno municipal y estatal para diseñar planear, programar y presupuestar la construcción y rehabilitación o mantenimiento de la red de caminos municipales y rurales.
Lo anterior, con la participación, en tareas de autoconstrucción, de las comunidades, ejidos y pueblos de los municipios directamente beneficiados, asistidos con recursos públicos y técnicos de las instancias de gobierno municipal y estatal, lo cual permita mejorar las condiciones de acceso a la red principal de caminos del sur y la comunicación de las localidades con las cabeceras municipales.
La diputada Elba Aldana Duarte (morena) pidió modificar, en el artículo séptimo transitorio la expresión ‘la empresa adjudicada’ por ‘la empresa ganadora’ de la licitación.
El proyecto aprobado sugiere la rehabilitación y mantenimiento de 82 caminos, que abarcan 45 municipios; la obra podrá pagarse en un plazo máximo de 12 años, considerando 24 meses para el periodo de inversión y 10 años para el periodo de mantenimiento.