En respuesta al punto de acuerdo presentado en octubre pasado por el diputado perredista, Omar Ortega Álvarez, respecto a que la Secretaría General de la Cámara de Disputados turnara a las comisiones unidas de Justicia y Gobernación los 289 expedientes de juicio político, la Junta de Coordinación Política en su sesión del jueves pasado, determinó instruir a dicha instancia para dar trámite a tales expedientes.
El legislador Omar Ortega Álvarez, señaló que los 289 expedientes de juicio político corresponden por los menos a las últimas 3 legislaturas, por lo que ahora al estar en poder las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, se procederá a integrar a la brevedad, la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos.
Dicha subcomisión, dijo, se encargará de analizar y posteriormente determinar si la denuncia presentada cumple con todos los elementos de prueba que permitan configurar la probable existencia de responsabilidades del servidor público denunciado.
Explicó que la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos debe emitir, en un plazo no mayor a 30 días, una resolución sobre la procedencia de la denuncia y turnarla a las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, para que éstas envíen su resolución a la Comisión Jurisdiccional y ésta a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Entre las denuncias relevantes pendientes por desahogar están las promovidas en contra del exprocurador de General la República Jesús Murrillo Karam, por las irregularidades señaladas por expertos autónomos internacionales en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por la violencia generalizada en su entidad; en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
A éstas, se le suma la reciente solicitud promovida por el Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza, en contra del Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, por la exoneración del presidente de la república en el caso de conflicto de interés de la llamada casa blanca.
El también secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aseveró que este trámite ayudará a que no queden impunes conductas contrarias a la ley, presuntamente cometidas por conocidos servidores públicos, que eluden la justicia mediante el uso indebido de su inmunidad constitucional.
Finalmente reconoció el respaldo que brindaron al punto de acuerdo los coordinadores de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, Marko Cortés y de la Revolución Democrática, Francisco Martínez Neri, en aras de la responsabilidad constitucional y legal de los diputados para que cumplan con sus obligaciones.