- El diputado Javier Salinas propuso una serie de reformas para eliminar las anclas que impiden a Pemex y CFE convertirse en empresas productivas.
- Pese a la reforma energética, Pemex perdió más de 1 billón 184 mil millones de pesos entre 2015 y 2017.
Con el objetivo de que Pemex y la CFE realmente se conviertan en las empresas productivas para las que fueron creadas a partir de la reforma energética, el diputado perredista Javier Salinas propuso una serie de reformas.
En el caso de Pemex, recodó que los estados financieros dictaminados por la firma Castillo, Miranda y Compañía, S.C. (BDO) revelan que entre 2015 y 2017 Pemex perdió más de 1 billón 184 mil millones de pesos.
Lo anterior, dijo, derivado de que se crea para Pemex un régimen fiscal especial (confiscatorio) que retira para la hacienda casi la totalidad de sus ingresos y, vía presupuesto, le regresa una cantidad apenas suficiente para operar y realizar pequeñas inversiones, lo que limita su capitalización, el inicio de nuevos proyectos de exploración y producción, el mantenimiento a sus instalaciones, y merma sustancialmente su capacidad operativa.
Desde 2015, indicó, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó repensar un sistema fiscal que incremente la capacidad de inversión de Pemex mediante mecanismos como el Fondo Mexicano Petróleo, para disminuir su dependencia de la volatilidad internacional.
En tal virtud, el legislador planteó modificar las leyes de Petróleos Mexicanos y de Ingresos sobre Hidrocarburos para reducir gradualmente el Derecho por la Utilidad Compartida (que hoy tiene una tasa de 65% sobre el valor de los hidrocarburos extraídos).
También propuso incorporar a Pemex el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) encargado de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la formación de especialistas, la contratación y ejecución de obras y la prestación de los servicios propios, la comercialización de los productos y servicios resultantes de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico para que sea un brazo efectivo y eficiente, pues en la actualidad los funcionaros de Pemex prefieren contratar empresas privadas para recibir comisiones ilegales.
De entre la industria energética, la eléctrica es la segunda en importancia económica e histórica para el país, por lo que Salinas Narvéz consideró necesario también reactivarla, eliminando de la Ley de la Industria Eléctrica las facultades de decisión en la materia de la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
La misma norma, obliga a la CFE a realizar los proyectos de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, instruidas por la SENER; a aplicar a los servicios de transmisión la distribución y operación de suministro básico de energía eléctrica que autorice la CRE; a aplicar las normas, directivas, metodologías y demás disposiciones de carácter administrativo para la generación de energía eléctrica a partir de energías limpias (Generación Distribuida) que establezca la CRE; y a aplicar las metodologías para los retornos sobre el capital que establezca la SHCP.
En compensación, la CFE recibe un magro subsidio federal, apenas suficiente para evitar la quiebra y para obviar el pago del dividendo estatal, por lo que “es necesario transferir dichas cargas a la hacienda pública federal, a fin de que CFE sea una empresa rentable e incremente los ingresos de la Nación”.
La iniciativa plantea limitar las excepciones a los concursos abiertos y al uso de procedimientos electrónicos, como lo propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de tal manera que las licitaciones de nuevos proyectos y asociaciones sean realizadas por el ente regulador: la CRE, en lugar de a la CFE y en el CENACE, órgano desconcentrado de la SENER.
A principios de 2018, las entidades federativas adeudaban a la CFE más de 8 mil millones y los municipios más de 6 mil millones de pesos.
Por tanto, la iniciativa además contempla reformar la Ley de Coordinación Fiscal para establecer un mecanismo de cobro con cargo a los recursos de los Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).