Demandan legisladores investigación a fondo del homicidio de Luis Miranda

  • Exigieron la separación del cargo de la secretaria de Seguridad.

Por considerar que debió garantizarse la integridad del presunto responsable del homicidio de Luis Miranda Cardoso, las y los diputados de Morena Rosa María Zetina González, María de Jesús Galicia Ramos, Bryan Andrés Tinoco Ruiz, Gerardo Ulloa Pérez, Benigno Martínez García, Max Correa Hernández, e Imelda López Montiel y Martha María Delgado Hernández, del PT, exigieron la separación inmediata del cargo de la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, para que “en un acto de civilidad y ética profesional”, facilite la investigación del supuesto suicidio de Arturo “N”.

En sesión de la Diputación Permanente, condenaron el homicidio de Miranda Cardoso, quien fue presidente del Poder Judicial de la entidad durante el mandato de tres gobernadores, y exigieron a la Fiscalía General de Estado de México (FGJEM) una profunda investigación y hacer pública toda la información al respecto.

Conforme al pronunciamiento que leyó el legislador Gerardo Ulloa, tras el homicidio de Miranda Cardoso, el pasado 11 de agosto, la FGJEM determinó el 16 de agosto la presunta responsabilidad de Arturo “N”, quien ingresó al Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

La mañana del 18 de agosto, la Secretaría de Seguridad del Estado de México difundió, mediante una tarjeta informativa, que Arturo “N” había sido encontrado sin vida en su celda, agregando que “se iniciaron indagatorias al respecto”.

El pronunciamiento agrega que Arturo “N” no era un interno común, si no el probable responsable del homicidio de un hombre que presidió uno de los poderes de la entidad y padre de un político del más alto nivel en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, por lo que “debió habérsele tenido un especial cuidado para garantizar su integridad personal”.

Por lo anterior, reprobaron y condenaron este tipo de hechos que ocurren en los centros de reclusión estatal, “que han demostrado la corrupción, el tráfico de influencias y el amiguismo que impera dentro del sistema penitenciario”.