El proyecto de Reglamento de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes contiene retrocesos en materia de derechos humanos al prohibir que los Centros de Asistencia Social de carácter privado, dedicados al cuidado de mujeres adolescentes embarazadas, cuenten con programas de adopción o realicen trámites en la materia, denunciaron los senadores de Acción Nacional Laura Angélica Rojas Hernández, María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks.
Por ello, demandaron a través de un punto de acuerdo que el Ejecutivo Federal realice un análisis detallado de este ordenamiento, previo a su expedición, a fin de que verdaderamente promueva, proteja, garantice y respete los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y haga efectivos los objetivos de la Ley General en la materia.
Los legisladores panistas explicaron que el artículo 93 de este proyecto de reglamento transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera sustantiva toda vez que viola el principio del interés superior de la niñez, al privar a los Centros de Asistencia Social de los medios legales para asegurar el cumplimiento de este principio. Prohibir los programas de adopción y la facilitación de trámites, vulnera el derecho a la igualdad y al desarrollo de la familia, sentenciaron.
En tanto, el artículo 4 de la Carta Magna establece que “El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”
Rojas Hernández, Ortega Martínez y Romero Hicks, alertaron también que el mismo artículo del proyecto de Reglamento es inconstitucional, toda vez que la Ley General no regula ninguna prohibición para la adopción, al contrario, la contempla como un medio para la garantía de los derechos de los menores.
Tampoco regula a los Centros de Asistencia Social, cuyo objetivo social es el cuidado de mujeres embarazadas y, mucho menos, establece un trato desigual entre los centros de asistencia, ya que la prohibición no se extiende en igualdad de condiciones a todos los centros que gestionen adopciones sino solamente a los que también ayudan a mujeres embarazadas.
Los senadores subrayaron que la madre debe decidir abiertamente la Institución o Centro de Asistencia Social en donde desea que su hijo reciba la protección y la búsqueda de una familia que pueda ofrecer una nueva oportunidad de vida, proceso que debe ser regulado, supervisado y dirigido por las autoridades gubernamentales, a quienes les corresponde vigilar que las adopciones se realicen en el marco de la ley.
Se debe permitir que las mujeres decidan libre y voluntariamente sobre la elección de las organización de su confianza para entregar a su hijo o hija en adopción, a fin de evitar la adopción clandestina y el registro de bebés como propios cuando no lo son, lo que pone en riesgo a los niños y niñas.
Finalmente, expusieron que las medidas deben de estar encaminadas a observar que las mujeres reciban orientación, capacitación y asesoría necesarias por parte de las instituciones para conocer el alcance de sus acciones y de sus decisiones
