Cuando hablamos de educación y la mayoría de las problemáticas escolares siempre salen a relucir los maestros, quizá porque ellos tienen el pulso de las cosas que pasan en las escuelas, porque conocen a fondo posibles soluciones y han sido muy participativos, sin embargo, no toda responsabilidad cae en los docentes de los planteles y hoy que se habla de transparentar los recursos caben varias reflexiones.Primero, muchos sectores piden clarificar los recursos que se destinan a programas educativos como Escuelas al 100, Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas educando para la equidad, el reparto de Tablet para alumnos de 5º grado, de computadoras para los mejores promedios, para las escoltas y demás, no obstante ninguno de ellos es manejado por los maestros.
En estos renglones hay que pedirle cuentas claras al gobierno, para que explique cómo son seleccionadas las escuelas beneficiadas por dichos programas. Escuelas al 100 es un programa para mejorar la infraestructura escolar y el equipamiento de las mismas, sin embargo, no se sabe cómo y por qué están los planteles considerados; unos son por estar ubicados en zonas de extrema pobreza, otros por número de matrícula, otros más pudieran ser por antigüedad o tiempo en que no han recibido el apoyo gubernamental.
En fin, razones hay muchas, pero la vertiente de priorizar la educación de calidad no es la que priva en la mayoría de los casos. A veces pareciera ser más una labor compensatoria que visionaria, otras pareciera ser una opción paliativa para que muchos otros problemas no se desborden en las comunidades escolares.
Pero es claro que quien tiene que clarificar y transparentar el uso de los recursos es la autoridad educativa, dado que de ella surgen los recursos que se ejercen en los planteles escolares, ya sea para infraestructura o para mantenimiento, para mejoramiento o para ampliación de los mismos.
Esto no quita que también los maestros sean el eje, pues como se recordará hace algunos años maestros del SNTE realizaron un censo de las condiciones en que se encontraban las escuelas públicas de todo el país; censo que ni la SEP tenía y que mostraba una realidad distinta a la que se ve desde el escritorio de las oficinas gubernamentales.
Ahora bien en ese proceso tampoco hubo gran participación de los docentes mexiquenses aglutinados en el SMSEM, pues su dirigente en ese entonces, Ulises Castro Gonzaga se plegó al cobijo del gobierno del Estado de México y hoy le han dado un espacio en la administración pública, para no dejarlo en el desempleo educativo o en la orfandad de reconocimiento del que han gozado otros ex secretarios.
Las otras reflexiones también concurren en el tema de transparentar los recursos que se manejan por parte de los sindicatos, sin embargo, el gobierno al dejar de pagar la nómina de profesores comisionados no puede saber ahora cuánto ganan, simplemente se conforma con saber que el dinero que se les da ya no es del erario federal o estatal, sino que tiene que ser erogado de las cuotas sindicales, dejando la potestad de preguntar por estos recursos, solo a los agremiados y a las instancias de transparencia.
Es claro que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación en los estados tienen que empezar a ser más transparente, pues son ellas y no los maestros quienes manejan los recursos de los programas que se ejercen en los planteles. En el Estado de México, con las 10 acciones por la educación que ha impulsado el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas, también se tiene que transparentar los recursos ejercidos pues no hay que descartar que se estén entregando miles de laptops, tabletas o monederos electrónicos pagadas con un sobrecosto o con un beneficio adicional que no es directamente para los estudiantes.
No hay que hacer cosas buenas que parezcan mañas, diría ahora el refrán.
PARA EL CUADERNO DE SEGURIDAD… El tema que sigue dando mucho de qué hablar es la aprobación de la Ley para la Regulación del Uso de la Fuerza en el Estado de México que es equiparada con la Ley Bala aprobada en Puebla y que tuvo ya victimas mortales, pues para disuadir una manifestación se aplicaron balas de goma, matando a un menor de edad que se encontraba en el lugar.
No obstante en el Estado de México no se habla de balas de goma, sino de fuerza letal, es decir, balas de verdad contra manifestantes que se salgan de control, por lo que su aplicación en los hechos será mucho más cuestionado, tanto de un lado como del otro. Por un lado del gobierno represor sea estatal o municipal que se atreva a llevar a cabo un desenlace tan cruento como de aquellos líderes sociales que azucen a sus agremiados a un comportamiento violento.
Pero nuevamente la reflexión estriba en que las victimas mortales no serán ni los mandatarios de altos puestos ni los líderes sociales, será un escenario de lucha entre policías y ciudadanos, es decir, el pueblo contra el pueblo.