Por Julio Requena
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) vive hoy uno de los momentos más críticos y prolongados de su historia reciente. Lo que comenzó como un legítimo movimiento estudiantil para frenar la imposición de Eréndira Fierro Moreno como rectora, se ha transformado en un escenario enredado de intereses políticos, pugnas internas y maniobras oscuras que están afectando directamente a quienes deberían ser siempre la prioridad: los estudiantes.
Fue la voz valiente del alumnado la que, con firmeza y razón, alzó la exigencia de detener un proceso de sucesión. Y lo lograron. El nombramiento de Fierro Moreno cayó. Sin embargo, en lugar de permitir que la universidad regresara a la normalidad institucional para encauzar un nuevo proceso democrático, el exrector Carlos Eduardo Barrera Díaz —incapaz de aceptar la derrota— activó una serie de paros escalonados, disfrazados de protestas, con el único objetivo de dinamitar por completo la elección y posicionar a un encargado de despacho afín a sus intereses.
Lo más grave es que el grupo que responde al exrector sigue operando a placer los resortes clave de la institución: las auditorías internas, las finanzas, las partidas presupuestales especiales, los ingresos propios. Todo ello bajo un clima de aparente “pacificación” que en realidad perpetúa el secuestro de la vida universitaria y de los sueños de miles de jóvenes mexiquenses.
Hoy, estudiantes que cursan los últimos semestres de preparatoria o licenciatura viven con la angustia de no saber cuándo podrán obtener su certificado o título. Mientras tanto, los aspirantes de nuevo ingreso enfrentan una incertidumbre inaceptable: ¿de qué sirve aprobar el examen de admisión si no hay certeza de que podrán continuar con sus estudios?
La educación en el Estado de México no puede ser rehén de vendettas personales ni de mafias enquistadas en la administración universitaria. Es urgente liberar los espacios, reiniciar las actividades y garantizar el acceso pleno al derecho a la educación. Las actuales reglas y normas internas de la UAEMéx ya no responden a la realidad ni a las aspiraciones de sus estudiantes, por lo que es tiempo de entrar en una discusión seria sobre una reforma universitaria integral.
Dicha reforma debe incluir, sí o sí, la gratuidad de la educación superior, el fortalecimiento del carácter público de la universidad, y una verdadera expansión regional que acerque la educación a todos los rincones del Estado de México. Pero nada de eso será posible mientras se mantenga la parálisis institucional.
Dicha reforma debe incluir, sin duda, la posibilidad de establecer el voto universal, directo y secreto para la elección de rector o rectora. Sabemos que en este proceso actual no es legal implementarlo —pues la normativa vigente no lo permite—, pero es indispensable abrir el camino para que en la siguiente elección sí sea posible. Una universidad pública no puede seguir siendo gobernada con reglas diseñadas para excluir la participación real de su comunidad.
Esa reforma, además, podría retomarse desde la Legislatura mexiquense, como ya se ha intentado en años anteriores. Hoy el contexto político es distinto, y el momento es ideal para abrir un diálogo democrático, serio y profundo sobre el futuro de la universidad pública en la entidad.
Urge nombrar una nueva rectora o rector con legitimidad, autonomía y visión transformadora. Alguien que no venga a administrar inercias, sino a romperlas. Que escuche al estudiantado, al profesorado y a los trabajadores. Que entienda que la UAEMéx no es un botín, sino un proyecto público esencial para el desarrollo del estado.
El tiempo de los cálculos políticos debe terminar. El futuro de la juventud mexiquense no puede seguir secuestrado ni un día más. La universidad debe volver a manos de quienes la construyen día a día: sus estudiantes, sus maestros y su comunidad.
Porque sin educación libre, crítica y accesible, no hay futuro posible para el Estado de México. Un encargado de despacho solo prolonga lo que no se quería.