La creación de una Comisión Especial encargada de la vigilancia de la Ley de Amnistía del Estado de México y la consideración en este ordenamiento de la figura de falso culpable son algunos de los temas que los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos de la 60 Legislatura del Estado de México analizaron con el presidente del Poder Judicial de la entidad, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, así como el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En esta reunión de trabajo, celebrada en la modalidad a distancia, también participaron especialistas en la materia para profundizar en las cuatro propuestas de Ley de Amnistía presentadas al Congreso: la de los diputados Max Agustín Correa Hernández, Gerardo Ulloa Pérez, Guadalupe Mariana Uribe Bernal y Liliana Gollas Trejo, en nombre del Grupo Parlamentario de morena; la del diputado Armando Bautista Gómez, en nombre de la bancada del PT; una más de los diputados del PRD, y la propuesta del ciudadano José Humbertus Pérez Espinoza.
El legislador Max Agustín Correa Hernández recordó que lo que se busca con la propuesta de morena es ayudar a quienes fueron privados de su libertad injustamente. Aclaró que este instrumento tiene una temporalidad, que es la vigencia de la actual Legislatura, que no invade funciones del gobierno federal y que persigue eficacia en los procedimientos, por lo que no se pretende crear más instancias que retrasen su aplicación.
Preguntó a los especialistas su opinión sobre las funciones que la propuesta le otorga al Poder Judicial, la importancia de la figura de falso culpable y la de crear una comisión especial para la vigilancia de esta ley, cuestionamiento también expuesto por su compañero de bancada Gerardo Ulloa Pérez.
La legisladora Mariana Uribe Bernal abundó en que el proyecto de ley de su bancada no busca dejar en libertad a personas que cometieron delitos contra la vida o la integridad corporal, mientras que el diputado Tanech Sánchez Ángeles aseguró que esta ley recogerá las propuestas y opiniones de quienes desde las dependencias públicas puedan aportar a la debida procuración de justicia en la entidad, mientras que la diputada María de Jesús Galicia Ramos preguntó sobre las acciones del Poder Judicial en casos caracterizados por la injusticia.
Del PT, su coordinador en la Cámara, Luis Antonio Guadarrama Sánchez, preguntó sobre la existencia de centros de atención para personas preliberadas, cuántos existen y qué porcentaje de población se encuentra en ellos.
Del PAN, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro consultó sobre sobre los procesos de reinserción a la sociedad de las personas liberadas y las formas de garantizar que no reincidan en los delitos, mientras que la legisladora Karla Leticia Fiesco García pidió tomar en cuenta, durante el análisis de las iniciativas, la reciente aprobación del Senado de la ampliación del catálogo de delitos en materia de prevención oficiosa.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) cuestionó sobre los elementos que necesita la Ley de Amnistía para que en su ejecución en no se violente ningún derecho de las víctimas, y la diputada sin partido Juliana Felipa Arias Calderón consideró que la iniciativa de morena es la más completa, por lo que sugirió que sea la columna vertebral y sobre ella se puedan incorpora todas las demás propuestas.
El magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, consideró que no debe corresponderle a este la aplicación de la Ley de Amnistía, ello, al recordar que le corresponde la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regula el internamiento en prisión y los derechos de las personas privadas de su libertad, así como aspectos de preliberación o liberación anticipada.
Precisó que actualmente no existe ningún sistema de reintegración social, por lo que propuso mejorar los sistemas de preliberación a través de la reinserción laboral.
El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, planteó que esta ley debe concebirse como un elemento para la construcción del nuevo sistema de justicia penal, por lo que pidió tener presente que el olvido que genera una ley de amnistía no procede en cualquier caso, por lo que no se deben derogar tipos penales. Asimismo, dijo que esta ley no puede ser permanente, que tiene que ceñirse a un tiempo determinado, a conductas determinadas y a delitos que ya se hayan materializado.
Destacó que se debe precisar quién va a ser la autoridad encargada de determinar los casos en que es procedente la Ley de Amnistía, diferenciada de la comisión encargada de vigilar y cumplir la ley. Pidió, además, tener en cuenta los derechos de las víctimas y no solamente de la persona privada de su libertad.
Octavio Amezcua Noriega, oficial representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció la urgencia de la expedición de la Ley de Amnistía en la entidad ante la vulnerabilidad provocada por la pandemia de covid-19 y la que han experimentado diversos sectores de la población antes de ella, como las mujeres y los grupos indígenas, al tiempo que felicitó las iniciativas analizadas, porque “se atreven a ir más allá de lo dispuesto por la ley federal”.
Propuso que la ley pueda operarse desde el Poder Judicial, asegurando el acceso de las personas a una representación legal y a algún tipo de recurso judicial. Habló también del peligro de establecer muchas limitantes para la aplicación de la Ley de Amnistía, por lo que alentó a que se reconsideren tanto las limitantes como las agravantes.
José Humbertus Pérez Espinoza, promovente de la iniciativa ciudadana, abundó en la necesidad de contemplar a los falsos culpables y de la creación de una comisión especial que los investigue; ello, ante el incumplimiento, en legislaciones pasadas, de la garantía de operadores mínimos de justicia que cumplieran con el perfil constitucional. Señaló que los falsos culpables necesitan reparación y no reinserción, ya que ellos no cometieron delitos, y pidió no hablar más de delincuentes sino de personas privadas de su libertad.
Leonel Rivero Rodríguez, abogado defensor de Derechos Humanos, habló de la importancia de ampliar el catálogo de los delitos considerados en la Ley de Amnistía; afirmó que sí se requiere un mecanismo para la aplicación de esta ley; que sí debe haber una comisión especial para su aplicación; manifestó su desacuerdo que sea el Poder Judicial el responsable de ello; y coincidió en que la ley no puede considerar delitos graves o de lesa humanidad.
Finalmente, Jolman Cáceres González, representante de la Organización de Presunción de Inocencia, evidenció que la figura del falso culpable es una realidad, así como las deficiencias en el sistema judicial y los procesos e investigaciones llenos de inconsistencias y violaciones a los derechos humanos, por lo que exhortó a la aprobación de esta ley que, aseguró, traerá importantes beneficios a los falsos culpables que están presos “cuando los verdaderos culpables están libres”.