Fortalecer el consejo ciudadano de seguridad pública, plantea Julieta Villalpando

Fortalecer las facultades y atribuciones del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, dotándolo de competencias que le permitan desempeñar sus propósitos con mayor eficiencia y calidad, es propósito de la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad de la entidad presentada por la diputada Julieta Villalpando Riquelme, coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

En sesión del Segundo Periodo Ordinario, presidida por la legisladora Mariana Uribe Bernal (morena), Julieta Villalpando dijo que su iniciativa plantea que el Consejo tenga representación activa y plena en los consejos de seguridad municipales e intermunicipales, y que sus miembros puedan ser ratificados por uno o más periodos de gestión.

La propuesta, remitida para su dictamen a las comisiones de Seguridad Pública y Tránsito y de Legislación y Administración Municipal,  explica que actualmente miembros del Consejo Ciudadano referido participan en los del ámbito local, aunque de manera informal y casi honoraria, por lo que es pertinente formalizar su participación.

En cuanto a la ratificación de sus integrantes dice que actualmente, de los 19 consejeras y consejeros ciudadanos que lo integran, “no más de la mitad de ellos mantienen una actividad permanente, encontrándose la mayor parte de éstos últimos en su segundo periodo de encargo”, en virtud de lo cual es factible favorecer la permanencia de aquellos que mantienen actividades constantes para el logro de sus fines.

Explica que La Ley de Seguridad del Estado de México, expedida el 19 de octubre de 2011, en sus artículos 84 al 93 dispone el establecimiento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México, como un órgano auxiliar y asesor miembro del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Se integra por 19 miembros designados por el Gobernador entre las propuestas de la sociedad civil. Quienes hoy fungen como tales, precisa la iniciativa, cumplen este año el periodo para el cual fueron designados.

DIPUTADAS DE ENCUENTRO SOCIAL, POR UNA CULTURA DE RESPETO Y PROMOCIÓN DE

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Al considerar que las necesidades de niños y adolescentes se convierten en derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, los cuales se deben reconocer, proteger y garantizar conforme a su edad y desarrollo, el Grupo Parlamentario del PES en la 60 Legislatura mexiquense propuso instituir que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen la cultura del respeto, promoción y protección de derechos de las y los menores de edad basada en los principios rectores de la normatividad.

Presentada al Pleno por la diputada María de Lourdes Garay Casillas, la propuesta consigna que la salvaguarda de los principios para la protección de niños, niñas y adolescentes deben ser considerados en todas las decisiones que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos.

La iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México recuerda que la Constitución local, en su artículo 4, especifica que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

En este marco, prosiguió Garay Casillas, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas, por lo que resulta necesario que las autoridades estatales y municipales estén comprometidas para impulsar la cultura de los derechos de los niños y hacerla más eficiente.

La Directiva de la Legislatura turnó la propuesta a la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables para su dictamen.

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