“Google, Facebook, Instagram y Amazon deben contribuir al fisco”, la propuesta del Diputado del PRD Javier Salinas

  • Mayores recursos para la Federación con impuesto digital, fiscal general designado por primera minoría de Legislatura, y prohibición para contratar familiares en Poder Judicial, en la agenda del diputado Javier Salinas.
  • El perredista destacó la necesidad de que los tres Poderes de la Unión entiendan el mensaje ciudadano en las urnas y limiten sus excesos.

Javier Salinas, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la 64 Legislatura Federal, adelantó entre las iniciativas que integran su agenda parlamentaria la creación de un impuesto digital para las transnacionales con ganancias en México, la designación del fiscal general por la primera minoría parlamentaria, y la prohibición para contratar familiares en el Poder Judicial.

El legislador reconoció que los resultados del primero de julio pasado también hablan de la necesidad de un nuevo equilibrio de Poderes que debe ser entendido no sólo por la oposición, sino además por la fuerza mayoritaria, en el afán de poner fin a excesos históricos en el servicio público.

Por tanto, apeló a la voluntad de las mayorías para acoger y apoyar iniciativas que beneficiarán a los habitantes del país, independientemente del origen de las propuestas, y más allá de filias y fobias.

El perredista precisó que la intención de su grupo parlamentario radica en la necesidad de que los mexicanos se beneficien del quehacer legislativo, de tal manera que tampoco habrá empacho en proponer y apoyar instrumentos jurídicos que doten de herramientas al Poder Ejecutivo para lograr ese objetivo.

Con este propósito, anticipó que su agenda contempla iniciativas para fortalecer los ingresos nacionales.

Una de los primeros planeamientos que someterá a consideración de la nueva Legislatura, es la obligatoriedad de las compañías digitales globales a pagar impuestos sobre los ingresos que obtienen en México.

“Vamos a proponer que las empresas transnacionales que realicen actividad comercial y tengan ganancias y rentas en México, contribuyan al fisco: Google, Facebook, Instagram, Amazon, entre otras”, adelantó.

Para aumentar los ingresos de la Federación, el legislador por el sol azteca además promoverá diversas reformas que transformen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en verdaderas empresas productivas del estado.

Otro mecanismo que Salinas Narváez estimulará en materia fiscal, es la reducción de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las empresas que generen y garanticen primeros empleos para universitarios recién egresados, así como nuevos y bien remunerados trabajos.

Para evitar que, como hasta ahora, la procuración de justicia se partidice, garantizar autonomía y evitar que se repitan capítulos como la derruída verdad histórica de Ayotzinapa, el diputado propulsará que el fiscal general de la República sea designado por el grupo parlamentario que represente la primera minoritaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

También el ejercicio de recursos públicos, desde su punto de vista, debe descentralizarse para que fluyan a las entidades federativas y municipios sin preferencias u obstáculos políticos, con el objetivo de atender las necesidades de toda la población.

Por eso, planteará transformar los fondos de aportaciones federales previstos en la Ley de Coordinación Fiscal en fondos de participaciones; de esta manera, confió, no serán controlados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El legislador perredista reconoció al Judicial como el Poder históricamente menos fiscalizado en México, de tal manera que son relativamente recientes revelaciones sobre la contratación de familiares que, a nivel gubernamental, se equiparan al nepotismo.

En este entendido, entre las iniciativas que promoverá en San Lázaro se encuentra la prohibición expresa para evitar la contratación de familiares por ministros, magistrados y jueces.

Esta propuesta, se acompañará de una más que tiene por objetivo establecer un mecanismo de responsabilidades transparente en el Poder Judicial de la Federación, de tal suerte que sus titulares y funcionarios también sean llamados a cuentas.

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