La política de derechos humanos no sólo es una decisión sino una necesidad; ya que no hay estado ni sociedad que pueda avanzar hacia un verdadero desarrollo si no da pasos firmes en el ejercicio y goce de estos derechos, afirmó Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al señalar que para México, la promoción y defensa de las prerrogativas fundamentales, es una política de estado.
Acompañado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Baruch Delgado Carbajal y la consejera Jurídica del Gobierno estatal, Luz María Zarza Delgado, el funcionario federal indicó que para nuestro país, el contar con esa directriz en la materia significa darle a los derechos básicos, un carácter rector.
Ello, explicó, implica que la política de estado para los derechos humanos incida en las decisiones de gobierno, de manera que todas las autoridades sin excepción, tengan siempre presente cómo afectan a dichos derechos con sus determinaciones, colocando a la persona como eje y guía de todo el quehacer público.
Añadió que la reforma constitucional de 2011 no solamente representa un cambio semántico en la Constitución y en el plano jurídico, sino que trae consigo un profundo cambio cultural, para que por encima de cualquier meta económica o política, se logre que la ciudadanía en su conjunto viva día a día ejerciendo sus derechos humanos.
Asimismo, al inaugurar el seminario “Derechos Humanos y Administración Pública a la luz de los nuevos principios constitucionales, el ombudsman de la entidad, Baruch Delgado Carbajal, aseguró que para consolidar la cultura de respeto a los derechos fundamentales, es preciso que exista un interés real y un compromiso auténtico, tanto del gobierno como de la ciudadanía.
Expresó que la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos demuestra que en un estado democrático el respeto a la norma jurídica es indispensable y no solo se nutre de la realidad sino que trata de transformarla y convertir aspiraciones colectivas en proyectos constitucionales, dentro de uno de los grandes avances del constitucionalismo social contemporáneo, que dotó de fuerza vinculante a la normativa internacional de derechos humanos, lo que hace que sus contenidos sean derecho obligatorio, eje fundamental que debe ser respetado por las autoridades y los ciudadanos a fin de fortalecer el estado de derecho en aras de establecer y consolidar una sana convivencia social.
Nuestro compromiso, dijo, es apelar por el respeto a la dignidad de todos los individuos como el elemento básico e insoslayable en materia de derechos fundamentales, más allá de considerarlos solo como límite a la actividad de los poderes públicos, son el eje central del trabajo de las instituciones así como del quehacer diario de todos los que habitamos en la entidad.
Al evento acudieron el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, Carlos Reta Martínez; el presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, Mauricio Valdés Rodríguez; Marco Antonio Morales Gómez, Consejero de la Judicatura; el director general adjunto de educación y formación en derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jorge Mena Vázquez y con la representación del rector de la UAEMEX, la defensora de derechos universitarios, Lourdes Morales Reynoso.
En su oportunidad, Luz María Zarza Delgado, expuso que debemos seguir fortaleciendo la cultura de la legalidad, que es clave para tener un desarrollo social cierto y estable. En este sentido, destacó que los derechos humanos son la columna vertebral de todo el esqueleto de la legalidad que a su vez es sostén del cuerpo social, por lo que ambos temas requieren un trabajo externo e interno, para comprender profundamente que la norma se cumple y que la dignidad humana es la misma en todas y en todos.
Dijo que las y los servidores públicos deben ser los primeros en poner el ejemplo de apegarse a la legalidad en cada uno de los espacios en los que se desenvuelven, capacitarse, informarse y enriquecerse para bien de la sociedad.
El titular del INAP Carlos Reta Martínez, mencionó que la reforma cambia el paradigma del estado al poner el respeto a la dignidad del ser humano como su objetivo central. Esta reforma es el resultado de la evolución del derecho mexicano y la confluencia con el derecho internacional, donde la senda del progreso de nuestra patria debe pasar por el proceso de construcción y consolidación de una sociedad de derechos y de deberes.
Mauricio Valdés Rodríguez, presidente del IAPEM aseguró que quienes integran la administración pública deben poner mucha atención en lo que corresponde a las reformas constitucionales ya que este momento que nos toca vivir, requiere del mejor esfuerzo, talento y experiencia para poderle servir mejor a los mexicanos.