- Denuncia complicidad de ex servidores públicos y exige aplicar la nueva ley que castiga con hasta 25 años de prisión a responsables
El diputado local de MORENA, Octavio Martínez Vargas denunció que el despojo de viviendas en municipios del oriente del Estado de México se ha convertido en una práctica sistemática y altamente lucrativa, donde incluso exservidores públicos, notarios y personal de dependencias estatales y municipales estarían implicados, sin que las autoridades actúen con eficacia.
Durante una entrevista, el legislador afirmó que esta red opera impunemente en zonas como Ecatepec, Los Reyes La Paz y Tecámac. Señaló que recientemente fue detenido un exfuncionario municipal implicado en despojos, lo que confirma la infiltración del crimen en estructuras de gobierno local.
Como ejemplo, citó el caso de la unidad habitacional Los Héroes Primera Sección en Ecatepec, construida entre 1999 y 2000, donde de las 1,600 viviendas existentes, al menos 400 familias han sido despojadas, a pesar de estar a solo dos kilómetros del Ministerio Público y la Fiscalía local. “Y nadie actúa, las casas siguen siendo ocupadas de forma ilegal”, denunció.
Martínez Vargas reclamó que de los más de 9 mil casos de despojo en el Estado de México, solo 400 han sido atendidos y apenas 50 inmuebles han sido restituidos a sus legítimos propietarios, lo que demuestra el rezago y la lentitud institucional frente a esta problemática.
El legislador exigió a la Fiscalía del Estado asumir su responsabilidad y actuar con firmeza, sobre todo con la próxima entrada en vigor de las reformas al Código Penal estatal que clasificarán el despojo como delito grave, sin beneficios de ley y con sanciones que van de 5 a 10 años de prisión más las agravantes.
Además, explicó que las penas se agravarán hasta 25 años cuando se cumplan causales como: despojo contra adultos mayores, despojo con violencia, ruptura de cerraduras, uso de documentos apócrifos o participación de servidores públicos, policías o personal del IFREM y notarías.
“Lo sustantivo es que ahora la ley refleja lo que está ocurriendo: una operación estructurada en la que participan funcionarios, policías y notarios. Se acabó el pretexto de que no hay herramientas legales. Si no actúan, será por complicidad u omisión”, sentenció el diputado.
Martínez Vargas finalmente llamó a la ciudadanía a denunciar y mantenerse alerta, al tiempo que pidió a la gobernadora mexiquense promulgar de inmediato la reforma penal para iniciar una verdadera ofensiva institucional contra quienes lucran con el patrimonio de las familias.