Diputados de morena, PT, PAN y PRD, integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, presidida por el legislador Tanech Sánchez Ángeles, expresaron sus inquietudes respecto al manejo de la deuda pública estatal, el estado financiero del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), las deudas de diversos organismos con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y sus Municipios (Issemym) y sobre el pago de pensiones.
Lo anterior, al iniciar, en presencia del diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura, la revisión del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Organismos Autónomos del Estado de México correspondiente al ejercicio fiscal 2017, elaborado y presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
En la reunión de trabajo con el auditor superior, Fernando Valente Baz Ferreira, los diputados Miguel Sámano Peralta y Carlos Loman Delgado, coordinadores parlamentarios del PRI y del PES, respectivamente, coincidieron en que la vigilancia de los recursos públicos constituye una herramienta clave para que el gobierno haga buen uso de ellos y motivar así la confianza de la sociedad hacia las instituciones.
El diputado Carlos Loman cuestionó además los resultados de las recomendaciones del OSFEM y los indicadores para el cumplimiento de metas de las finanzas sanas.
El diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), prosecretario de la Comisión, manifestó su inconformidad por la contratación de deuda por parte del gobierno del estado, a pesar de que, según datos presentados por el auditor, sus ingresos fueron mayores que sus gastos, por lo que solicitó mayor información al respecto; además cuestionó los hallazgos de auditorías realizadas por despachos externos y los calificó como “procedimientos a modo”, debido a la inexistencia de recomendaciones u observaciones.
El secretario de la comisión, el diputado Edgar Armando Olvera González (PAN) preguntó sobre los órganos que adeudan al Issemym y el estado de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, mientras que el legislador Gerardo Ulloa Pérez (morena) mencionó que la estructura del OSFEM debe cambiar, ya que el combate a la corrupción se considera todavía un pendiente institucional, y señaló la necesidad de una auditoría financiera a las pensiones de los derechohabientes del instituto.
Respecto a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública de 2017 por el presunto desvío por más de mil millones de pesos del sector salud de la entidad, la legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD) preguntó si el OSFEM realizó la auditoria correspondiente al ISEM y señaló las deficiencias que enfrenta actualmente dicha institución.
El auditor informó que para el Ejercicio Fiscal 2017 se recibieron 291 mil millones de pesos para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y para los órganos autónomos, lo que representó 16 millones de pesos más respecto a 2016, cuando se recibieron 275 mil millones de pesos; además, los egresos ejercidos en 2017 fueron
de 287 mil millones de pesos, no obstante que el presupuesto originalmente autorizado fue de 260 mil millones.
Respecto a la deuda pública del Poder Ejecutivo, el titular del OSFEM señaló que en 2016 cerró en 36 mil millones de pesos, y que para 2017 alcanzó los 38 mil 277, y aunque se autorizó una contratación adicional de deuda por 2 mil 800 millones de pesos para apoyar a damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, estos recursos no fueron ejercidos en ese año.
En respuesta a los cuestionamientos de los diputados, mencionó que uno de los entes que mayor deuda tiene con el Issemym es la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), ya que en un reporte de agosto de 2018 se detalla que adeuda al instituto mil 671 millones de pesos.
Baz Ferreira dijo que de acuerdo con el bufete de actuarios contratado por el Issemym, en 2012 el periodo de suficiencia del fondo de pensiones del Instituto era por seis años, mientras que en 2017 era de un año, por lo que pasaron, de tener 377 millones de pesos de superávit en 2012 para el pago de pensiones, a 862 millones de pesos de déficit en 2017, y que hasta septiembre de 2018 se tiene un déficit mensual de 100 millones de pesos.
La explicación que ofreció el Issemym al OSFEM, señaló el auditor, es que se incrementó el número de jubilados en el sector educativo, por lo que las pensiones han aumentado, y que la estimación de vida en las personas en la entidad se ha incrementado de los 60 a 80 años comparado con la década de 1960, aunque son circunstancias cuyo impacto aún se tiene que comprobar; y añadió que el OSFEM ya tiene previstas auditorías a programas y proyectos.
Sobre los señalamientos respecto del ISEM, el auditor respondió que la ASF realizó la auditoría como resultado del sistema de coordinación entre ambos órganos a fin de no duplicar acciones, y que corresponde a esa instancia informar, dar seguimiento y ejercer las consecuencias resarcitorias o penales correspondientes, aunque detalló que la Auditoría Superior tiene hasta la fecha observados 129 millones de pesos del Instituto en el 2017.
Asimismo, insistió en que ningún recurso puede ser gastado por ningún ente público si no es autorizado por la Legislatura en el presupuesto.
En la reunión también participaron los diputados Adrián Manuel Galicia Salceda, Valentín González Bautista, Karina Labastida Sotelo, Dionicio Jorge García Sánchez y Liliana Gollas Trejo, todos de de morena; Anuar Roberto Azar Figueroa, del PAN; Juan Carlos Soto Ibarra, del PES, y Lilia Urbina Salazar, del PRI.
La Comisión designó a Candy Herrera Ramos como secretaria técnica.