- Si no se realizan los ajustes propuestos en la nueva Ley, para el año 2021 cada servidor público tendrá que aportar el 20% de su salario para continuar con el goce de sus prestaciones.
Toluca de Lerdo, México, 6 de diciembre de 2018.- El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que encabeza el diputado Miguel Sámano Peralta, se manifestó en contra de la abrogación del Decreto 317 mediante el cual se expide la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
Durante la sesión plenaria de la 60 legislatura, el también Coordinador, subió a tribuna para defender las recientes modificaciones a dicha ley y precisó que ésta responde a la realidad actual del Instituto que enfrenta el reto de atender a más derechohabientes, brindar más consultas especializadas y garantizar las pensiones de más mexiquenses.
Destacó los principales beneficios de la nueva ley, como son garantizar el acceso a la seguridad social, mediante el fortalecimiento del sistema financiero; ofrecer mejores servicios de salud, además de asegurar la existencia de medicamentos, mediante un Sistema de Control de Abasto en Farmacias entre otros.
Además reiteró que dicha ley respeta los derechos adquiridos por los servidores públicos activos, así como su esquema de pensiones; pidió tomar en cuenta el aumento exponencial de los pensionados con respecto al número de servidores públicos cotizantes.
“El Instituto actualmente debe pagar pensiones mensuales a más de 64 mil pensionados y pensionistas. Hoy en día, hay seis servidores públicos activos por cada pensionado, lo que genera un desequilibrio, pues la pensión promedio es superior al sueldo de los trabajadores en funciones”, indicó.
Destacó que si no se realizan los ajustes propuestos en la nueva Ley, para el año 2021 cada servidor público tendrá que aportar el 20% de su salario para continuar con el goce de sus prestaciones.
“La abrogación de la nueva Ley del ISSEMYM atenta en contra de derechos humanos fundamentales como la vida, la salud y la seguridad social”, dijo.
Abundó que se afectará el presupuesto del Instituto para 2019 y años subsecuentes, lo que podría generar el cierre de hospitales; el despido de médicos y personal de salud; el desabasto de medicamentos y la posibilidad de que miles de derechohabientes no puedan recibir su pensión.
Explicó que con el nuevo esquema, el ISSEMyM podría seguir prestando sus servicios, en beneficio de 375 mil servidores públicos, alrededor de 701 mil dependientes y familiares, así como más de 64 mil pensionados y pensionistas; es decir, más de 1 millón 100 mil derechohabientes.
Por último, puntualizó que el ISSEMYM como toda institución pública, es perfectible “estamos ante la oportunidad histórica de tomar decisiones que la fortalezcan y aseguren su existencia”.