• Ricardo Sodi Cuellar, titular del PJEdomex, indicó que el objetivo general es llevar a cabo un diagnóstico de frente a la sociedad y a las necesidades para la administración y procuración de justicia.
Una arquitectura constitucional robusta no es suficiente para lograr la protección de los derechos humanos de las personas, si no se cuenta con jueces y juezas probos y valientes que los hagan efectivos, aseguró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien hizo un llamado a quienes integran el sistema de impartición de justicia a asumir con “responsabilidad y compromiso nuestro papel de servir a las y los ciudadanos en la sensible labor que ejercemos todos los días de impartir justicia
en nuestro país”.
Al inaugurar la sexta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por La Corte y por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que se realizó en Toluca, el Ministro aseveró también que el juicio de amparo es un pilar fundamental en la protección de los derechos humanos, y que la permanencia y evolución de este instrumento se traduce en asegurar a cualquier habitante de este país la posibilidad de defenderse en contra de actos de autoridad que se estiman inconstitucionales.
En este sentido, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sostuvo que la independencia judicial no se trata de un juego de poder, ni es el poder lo que está en juego, sino los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México.
Durante el evento, en el que participaron más de 280 personas usuarias del sistema, integrantes de la academia y de la sociedad civil de Michoacán y Estado de México –quienes se distribuyeron en 24 mesas de trabajo- Jorge Mario Pardo Rebolledo señaló que para quienes integran el sistema de seguridad e impartición de justicia “resulta inaceptable cerrar los ojos a la crítica. Por el contrario, a través de ejercicios como el de esta tarde propiciamos la autocrítica, y pronto haremos un primer corte y más tarde elaboraremos un documento que estará disponible para abonar a un debate informado en aras de lejos de deteriorarla y debilitarla, mejorar y fortalecer la función judicial”, destacó.
Conjuntar las opiniones de las personas usuarias de los sistemas de seguridad y justicia, añadió, así como compartir sus conocimientos y experiencias sobre problemáticas concretas, permitirá a las autoridades mejorar para caminar hacia un sistema que responda a las exigencias de la sociedad.
En la inauguración del Encuentro Nacional, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, expresó que el objetivo es realizar un diagnóstico de frente a la sociedad y a las necesidades para la administración y procuración de justicia.
“Esto nos permitirá llevar a cabo un diagnóstico certero y de frente, con total transparencia a la sociedad mexicana”, aseguró.
Por su parte, Adrián López Solís, fiscal general del Estado de Michoacán, afirmó que las instituciones están obligadas a ser catalizadores de soluciones en los ámbitos de la justicia penal.
“El sistema, aun siendo nacional y aun siendo de la facultad exclusiva de nuestro Congreso Federal, es perfectible, tiene que revisarse para modificarse y qué mejor que a través de estos ejercicios, donde hay gente que está viviendo la experiencia del día a día”.
Como parte del presídium también estuvieron Marisela Xicoténcatl Elízaga, Fiscal Central Jurídica de la Fiscalía General del Estado de México , en representación del fiscal General José Luis Cervantes Martínez; Luz María Consuelo Jaimes Legorreta, abogada General de la Universidad Autónoma del Estado de México, en representación del Rector Carlos Eduardo Barrera Díaz; el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda, presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; Alberto Sánchez Alonso, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; Alberto Cervantes Juárez, director General del Instituto de la Defensoría Pública, en representación de Jesús George Zamora, consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México; Clara Camacho Méndez, encargada del despacho de la Dirección General de Prevención y Atención a la Violencia; Alejandra Parra Sapien, de la Asociación Apapacho México; Alehlí Ordóñez Rodríguez, Directora de Ledeser A.C.; y Sharon Michelle Hernández Huerta, Fundadora y directora de la Asociación Realitrans.