Los grupos parlamentarios del Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Verde Ecologista, Nueva Alianza y diputados del de la Revolución Democrática en la 59 Legislatura mexiquense promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad sobre la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.“Promovimos esta acción porque escuchamos y tomamos en cuenta la opinión de la sociedad”, sostuvo el diputado Cruz Roa Sánchez, coordinador parlamentario del PRI, acompañado de los también coordinadores Juan Zepeda Hernández (PRD), Mario Salcedo González (Encuentro Social) y Francisco Agundis Arias (Verde Ecologista), así como diputados integrantes de los cinco grupos parlamentarios firmantes, después de entregar la solicitud respectiva en la Oficialía de Partes de la SCJN.
En presencia del presidente de la Directiva, diputado Raymundo Martínez Carbajal, dijo que estarán atentos a la resolución de la SCJN, toda vez que las leyes son perfectibles, por lo que manifestó la disposición de los diputados que firman la Acción de Inconstitucionalidad para realizar, en su caso, las adecuaciones correspondientes.
Juan Zepeda, por su parte, dijo que ante las múltiples voces que manifestaron su inquietud sobre esta ley, los legisladores acudieron ante la SCJN, que tiene la última palabra como el máximo órgano de control constitucional.
Pidió esperar la resolución y “que lo que se determine aquí lo acatemos todos”, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos, pues el espíritu de esta ley es limitar el uso de la fuerza pública.
Firmada por 51 diputados locales, quienes representan 68% de los 75 legisladores que integran el Congreso estatal, a través de la acción de inconstitucionalidad se solicita al alto tribunal, en nueve rubros, que determine si la ley transgrede o no los derechos, principios y valores consagrados y protegidos por la Constitución General de la República.
El documento, dirigido al ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, parte de que diversos sectores de la sociedad se han pronunciado en el sentido de que esta ley podría contravenir algunos preceptos constitucionales.
El objetivo es que la SCJN se pronuncie acerca de si esta normatividad, como sistema regulador del uso de la fuerza pública, es acorde con la Constitución federal, a fin de generar la seguridad jurídica en su aplicación, y si artículos de esta ley transgreden o no el principio de seguridad jurídica.
Asimismo, si contiene artículos que transgreden o no la libertad de expresión y manifestación de ideas, así como el derecho de asociación, reconocidos en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cabe señalar que esta ley se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 y que la Acción de Inconstitucionalidad fue acordada, en un ánimo de diálogo republicano, por el gobernador Eruviel Ávila Villegas con los grupos parlamentarios del PRI, Encuentro Social, Verde Ecologista y Nueva Alianza, al que posteriormente se sumaron 10 de los 12 diputados perredistas, y que, previamente, los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado México solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitir su opinión al respecto.