- José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem, afirmó que las instituciones públicas deben privilegiar que el personal encargado de los archivos esté bien remunerado y capacitado.
En los cambios de gobernantes, legisladores o titulares de cualquier institución, debe garantizarse la conservación del acervo documental, puesto que los archivos deben preservarse y no desaparecer, argumentó José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Durante la celebración de los “Diálogos rumbo a la implementación del modelo de gestión archivística”, en el estado de Zacatecas, el Comisionado Luna Hernández enfatizó que las instituciones públicas deben privilegiar la permanencia del personal encargado de los archivos y priorizar que esté bien remunerado y capacitado.
Al participar en la Mesa “Rumbo a la armonización e implementación de la Ley General de Archivos”, el Comisionado del Infoem, quien también se desempeña como Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, subrayó que, en caso de que algún municipio no cuente con los recursos para desarrollar su propia infraestructura en materia archivística, es posible coordinar esfuerzos con otro municipio cercano.
“Los municipios pueden asociarse y firmar convenios para administrar el archivo regional de concentración y el archivo regional histórico, a fin de operar las políticas de gestión documental y cumplir con lo mandatado en la Ley General de Archivos”, aseveró el Comisionado.
Asimismo, consideró que dos años son poco tiempo para cumplir con cada uno de los aspectos legales de la Ley General de Archivos, lo cual se torna en un reto para las instituciones públicas, las cuales requieren trabajar lo más rápido posible para armonizar las leyes locales con la normatividad federal.
Cabe destacar que dicha ley considera, en su artículo 121, fracción I, sanciones con penas de tres a diez años de prisión y multas de tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualización (UMA) a la persona que sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, información y documentos de los archivos bajo su resguardo, por lo que la preservación del acervo documental cobra especial relevancia.
En esta actividad, el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández compartió su participación con Oscar Guerra Ford, Comisionado del órgano garante nacional (Inai); José Antonio de la Torre, Comisionado Presidente del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (IZAI); Mercedes de Vega Armijo, Directora del Archivo General de la Nación (AGN); María Auxilio Maldonado, Directora del Archivo Histórico de Zacatecas, e integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.