Por Julio Requena
De acuerdo a varios comentócratas, Puebla y Campeche, se han convertido en dos laboratorios del autoritarismo, los Congresos locales han decidido que “lo que la gente cuenta” ya no debe circular tan libremente. Porque eso que se cuenta —lo que pasa en la calle, lo que se dice en los mercados, lo que se murmura en los cafés o se escribe en redes sociales—, les da escosor. Les irrita. Les produce urticaria política. Por eso legislan ahora para proteger la piel delicada de los malos gobernantes de turno, disfrazando de “prevención del odio” lo que es, en realidad, un burdo intento de censura legalizada.
Pero no nos engañemos: esto no es nuevo. Lo nuevo es que ahora la represión ya no solo llega con un comando armado en la madrugada ni con una amenaza telefónica a las tres de la mañana. Llega con un dictamen aprobado por mayoría en el Congreso, una denuncia penal y, claro, con el Código Penal en la mano y una orden de aprehensión. Y ahí es donde muchos medios están en graves aprietos.
Porque por años, la prensa mexicana ha tenido dos talones de Aquiles: el área contable y el departamento jurídico. Se invirtieron horas y dinero en la redacción, se fortaleció el área comercial de la publicidad, pero se dejaron famélicos los cimientos legales de los medios. Y ahora, cuando el SAT toca a la puerta con lupa en mano o cuando un juez federal cita a un reportero o periodista por “incitar al odio”, los medios tiemblan. No porque hayan mentido, sino porque no están listos para defender su verdad desde otro terreno que no sea la pluma.
Ahí está la trampa y también la enseñanza: el gobierno legisla contra la crítica porque puede, y porque sabe que muchos periodistas no están preparados para defender su trabajo ante un tribunal. En cambio, ellos sí: tienen procuradores, fiscalías, jueces afines y un ejército de asesores legales. La libertad de expresión ya no solo se defiende con el teclado, sino también con la ley en la mano. Quien no entienda esto, está a una denuncia de distancia de la censura.
Claro, ahora la oposición se desgarra las vestiduras. Gritan “¡censura, dictadura, mordaza!” desde las curules y desde sus cuentas en redes sociales. Pero guardaron un silencio sepulcral cuando, durante décadas, el régimen priísta hacía desaparecer a periodistas incómodos —literalmente. Tampoco dijeron gran cosa cuando el panismo, con eficiencia empresarial, asfixió a Radio Monitor de José Gutiérrez Vivó hasta desaparecerlo. Hoy se quejan del bozal legal, pero antes aplaudían el garrote disfrazado de “razones de Estado”.
Y ojo, también hay que mirar hacia adentro. Porque si los medios están bajo sospecha, es también porque han proliferado los pseudo comunicadores, esos que no hacen periodismo sino extorsión, que no informan sino distorsionan, que no cobran por publicidad sino por silencio. Personas que han convertido el micrófono en garrote y el portal de noticias en agencia de chantaje. Por ellos, los buenos periodistas también pagamos las consecuencias o como dice el refrán: pagan justos por pecadores.
Por eso el mensaje es claro: si quieres ejercer la libertad de expresión como periodista, fortalece tu defensa legal. Alíate con buenos abogados, conoce tus derechos, entiende el nuevo terreno de juego. La censura de hoy ya no se esconde; se legisla, se imprime en el Diario Oficial y se aplica con actas y sellos.
La libertad de prensa no se mendiga ni se grita: se defiende. Con ética, con veracidad, con preparación. Y, sí, con abogados. Porque de aquí en adelante, los gobiernos podrán meter su censura en leyes, pero nosotros debemos meter la ley en su censura. Y ganar.