Asumiendo la implementación del fuero como una herramienta para la protección de los legisladores por sus opiniones políticas, y en razón del mal uso de esta, para ser tomada como un privilegió, la diputada del GPPRD, Juana Bonilla Jaime presentó ante el congreso legislativo mexiquense su iniciativa por la que pretende el fuero les sea retirado a los servidores públicos.
Bonilla Jaime hizo énfasis en el descontento social entorno a la figura del fuero, ya que aseguró, para muchos marca una enorme diferencia entre gobernantes y gobernados por entenderse como un privilegio que ostentan los servidores públicos durante su gestión, señalando además, que es el pueblo quien demanda y exige la eliminación de tal herramienta.
En tal sentido, la perredista abordó la importancia de analizar a fondo si la figura del fuero debe prevalecer como privilegio de altos funcionarios públicos ya que, bajo su amparo, se han generado hechos delictivos y de total impunidad.
Asimismo, la congresista mexiquense refirió que el amparo de la inmunidad que establece el fuero ha servido para que los beneficiados de todos los niveles incurran en cohecho, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, y otros más sin problema alguno.
<<Si bien es cierto que han habido avances importantes al adecuar la legislación para erradicar los actos de corrupción, también los es que estos no han sido suficientes, el PRD ha pugnado sobre la erradicación de este privilegio innecesario que solo alienta al mal proceder de personas sin escrúpulos, incrustadas en las altas esferas de gobierno>>.
Argumentando en lo anterior, la integrante del sol azteca apuntó en la deuda de la legislatura mexiquense con la sociedad del Estado para tomar decisiones de gran trascendencia, recordando que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue un muy importante paso en la consolidación democrática, aún falta mucho por hacer, considerando que existe más por hacer en materia para que se garantice el derecho de los ciudadanos sobre la rendición de cuentas, y para que los funcionarios de todos los niveles cumplan con sus obligaciones y responsabilidades encomendadas.
<<Estamos convencidos de que esta iniciativa, lastima muchos intereses, sin embargo, estamos también convencidos de que bajo la premisa de la instauración del Estado democrático, se debe juzgar a ciudadanos y a quienes integramos las estructura de la función pública por igual, es decir, sin ningún privilegio para nadie>>.
En refrendo de lo previo, Juana Bonilla Jaime aseguró que con la iniciativa propuesta: el Gobernador, los diputados de la Legislatura, del Estado, los magistrados y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y el Fiscal General de Justicia y los integrantes de los órganos superiores de los organismos a los que la presente Constitución les otorga autonomía, los presidentes municipales e integrantes del cabildo son responsables de los delitos del orden común que cometan durante su encargo y de las faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones serán investigados, procesados y privados de su libertad, durante el ejercicio de sus funciones.