Proponen diputados del PT reformas para darle viabilidad a la Ley del Seguro de Desempleo

El diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT) planteó una iniciativa de decreto de reforma a diversas disposiciones a la Ley del Seguro de Desempleo para el Estado de México, a fin de garantizar la viabilidad presupuestal de la ley, a través de la aprobación por el Congreso, de al menos 0.5 por ciento del Presupuesto de Egresos para su operación.

También, busca establecer dos periodos de seis meses para la ampliación del seguro de desempleo, de enero a junio y de julio a diciembre, y ratificar que el apoyo económico para quienes hayan perdido su empleo sea equivalente a un salario mínimo mensual durante seis meses.

“Tenemos que observar que esta ley se aprobó en 2011, pero ha sido prácticamente letra muerta porque existe el candado de que el gobernador debe declarar una Contingencia Laboral y eso sabemos que nunca va a suceder, como nunca ha sucedido hasta ahorita”, expresó.

De acuerdo con la ley referida, con la declaratoria de Contingencia Laboral se abre la convocatoria del Seguro de Desempleo, la cual establece bases para la ejecución de un programa temporal consistente en el otorgamiento de prestaciones del Estado a los beneficiarios, así como los criterios para promover la incorporación de los desempleados a un trabajo formal.

De modificarse la Ley del Seguro de Desempleo, agregó el legislador Guadarrama Sánchez, se apoyará durante un tiempo a las personas que hayan perdido su trabajo para que consigan ser productivos nuevamente: “Yo prefiero apoyar a la gente que sí trabaja y no a gente que está esperando nada más su despensa mensual”.

Al señalar que la entidad es una de las cinco con mayor tasa de desempleo en el país, el, dijo que la realidad de pobreza y el desempleo de la población mexiquense es argumento necesario para hacer efectivo el espíritu protector de la Ley de Desempleo, por lo que manifestó que es necesaria una mayor participación del Estado en el desarrollo económico y social de la población y el compromiso de elaborar normas y estrategias para proteger el interés de los trabajadores y disminuir la brecha de desigualdad.

Para su análisis y discusión, la iniciativa de decreto fue turnada a las comisiones de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y de Desarrollo y Apoyo Social.