- El parlamentario Maurilio Hernández y la legisladora Ruth Salinas coincidieron en la relevancia de fortalecer la figura de testigos sociales en el marco jurídico.
- Señalaron que esta figura, considerada como un mecanismo de participación ciudadana, es fundamental en los procedimientos de licitaciones y contrataciones públicas para minimizar riesgos de opacidad y corrupción.
El diputado Maurilio Hernández González (morena), presidente de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, y la diputada Ruth Salinas Reyes (MC), presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, coincidieron en la relevancia de fortalecer la figura de testigos sociales en el marco jurídico, pues son un mecanismo de participación ciudadana para minimizar riesgos de opacidad y corrupción.
Durante el foro “Testigos Sociales como Mecanismo de Participación Ciudadana en la Gestión de las Contrataciones Públicas”, celebrado en el Congreso mexiquense, concordaron en que se debe robustecer el marco jurídico y las funciones del testigo social, con más capacitación y mayor presencia en las oficialías, en los organismos autónomos y en los ayuntamientos, para los procedimientos de licitaciones y contrataciones públicas.
Explicaron que, con la reciente aprobación de la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), se tienen que impulsar leyes secundarias en la materia, como el incluir la obligatoriedad de la presencia de testigos sociales en procedimientos de contrataciones públicas.
El parlamentario Maurilio Hernández enfatizó que esta figura es un mecanismo ciudadano que coadyuva al control de la función pública en materia de adquisiciones y licitaciones. Indicó que la Universidad Autónoma del Estado de México y el Infoem son los entes establecidos para certificar a los testigos sociales, lo cual se tiene que subsanar con ajustes al marco legal.
Al informar que la bancada de MC presentará una iniciativa en la materia, la legisladora Ruth Salinas resaltó que, con diálogo directo entre ciudadanía y gobierno, es posible saber en qué y cómo se gasta el dinero público, por lo que se requiere más personas ciudadanas en los procesos de licitación de obras, bienes y servicios públicos. Adelantó que para la construcción de esta propuesta realizará diversos foros en un formato de parlamento abierto.
Ante representantes de los poderes del Estado y de diferentes sectores sociales, Luis David Miranda Gómez, secretario de Administración y Finanzas del Poder Legislativo, compartió que, en el Congreso mexiquense hubo 11 licitaciones públicas (en 2024) con presencia de testigos sociales, dada su importancia en la transparencia y rendición de cuentas hacia la población.
Liliana Dávalos Ham, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), señaló que la figura del testigo social data del 2000 y fue regulada por primera vez por la Secretaría de la Función Pública en 2004, además que es indispensable para abonar a la transparencia y acreditar economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. Destacó la importancia de la participación ciudadana y su capacitación en temas en los que se involucrarían como testigos sociales, para contar con perfiles adecuados y prevenir el conflicto de intereses.
Juan José Hernández Vences, contralor del Poder Legislativo, resaltó que en el foro se refuercen ideas para generar mejoras a la legislación que regula este mecanismo de participación ciudadana, e invitó a mantener a la contratación pública como un ejemplo de gestión abierta, transparente y responsable, lo que se traduce en mayor confianza de la ciudadanía en sus autoridades.