Los beneficios del Tribunal del Tratamiento de Adicciones (TTA) impactan en todas las esferas sociales, ya que la rehabilitación de una persona se refleja en “su familia, su comunidad, su entorno y en general, todos somos favorecidos con las personas rehabilitadas”, aseguró el juez de control especializado en materia de Tratamiento de Adicciones, José Alfredo Cedillo González.Al participar en el Seminario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, organizado por la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, Cedillo González explicó que el Estado de México es una de las cinco entidades del país –junto con Nuevo León, Chihuahua, Morelos y Durango- que cuenta con este mecanismo de justicia alternativa, que opera un grupo interdisciplinario de especialistas conformado por un ministerio público, un defensor, un trabajador social y un terapeuta psicológico.
En la Escuela Judicial, expuso que la necesidad de los TTA se fundamenta en que gran cantidad de los delitos relacionados con drogas, suceden porque los adictos buscan una manera de allegarse recursos y continuar satisfaciendo su consumo.
Para que una persona pueda ser aspirante a un TTA –explicó el juzgador- debió ser detenida por cometer un delito no grave o culposo por primera vez, como la posesión de sustancias ilícitas; en contra de un patrimonio ajeno sin violencia o que cumpla una sentencia menor a cinco años y sea capaz de reparar el daño.
Tras cumplir estas condiciones, el individuo deberá aprobar dos dictámenes que establecen que no presenta daños psicológicos por el consumo de drogas; además de la evaluación de su personalidad y de las redes de apoyo con que cuenta al iniciar la rehabilitación.
A lo largo del procedimiento, el juez –dijo Cedillo González- supervisa el avance y realiza audiencias semanales o mensuales para determinar la evolución del caso y, en su momento, sancionar o multar a la persona en rehabilitación, redirigir el tratamiento e, incluso, expulsarlo del mismo si no cumple con la asistencia a las terapias, audiencias o bien recae en el consumo, con lo que se reanuda el juicio penal.
Durante periodos de seis, 20 o 26 meses, los individuos son reeducados de manera integral, ya que “si no tiene estudio generamos condiciones con el Instituto Nacional de Educación de los Adultos, al cual los enviamos que empiecen a leer o concluyan su primaria”, subrayó Cedillo González.
Al finalizar el programa de terapias y audiencias, el juez realiza una última evaluación del caso para decretar la suspensión del proceso judicial, cancelación de antecedentes penales, así como un reconocimiento público ante familiares, dando por concluida su rehabilitación y reinserción social, concluyó, el juez José Alfredo Cedillo González.
