El traslado de presos, la destitución de directivos y la despresurización son acciones insuficientes para resolver la ingobernabilidad que impera en los centros penitenciarios del estado de México, lo que se requiere es transformar el uso actual de las cárceles basado en una buena aplicación de la justicia, indicó el secretario electoral del Comité Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Martínez Vargas.
Señaló que para los gobiernos no es desconocido que estos centros son caldo de cultivo de la corrupción, el cobro de piso y la delincuencia organizada, sin embargo, prefieren cerrar los ojos a esta realidad y dejar que crezca hasta que acontecimientos como los ocurridos en el penal de Chiconautla, exhibe a la sociedad las fallas en el sistema penitenciario.
“¿Por qué dejar que al interior de las cárceles se registren hechos y violentos y hasta suicidios? ¿Hasta dónde la complicidad de las autoridades ha permitido que el crimen organizado permee en estos sitios?”, cuestionó.
Diversos estudios – dijo- refieren que un porcentaje importante de internos cumplen sentencias de menos de tres años de prisión. Es decir, que la mayoría fueron privados de su libertad por delitos no violentos ni graves, lo que demuestra la incapacidad del Estado sobre la persecución criminal, pues se acota a los círculos más débiles de la cadena delictiva.
Por tanto, estableció se requiere una buena aplicación de la justicia, ya que incluso en el nuevo Sistema de Justicia Penal, el 90% de los casos son sujetos de Prisión Preventiva, lo que desde luego, afecta en temas de sobrepoblación.
“Aquí la pregunta es: ¿Cómo va hacer la administración de Alfredo del Mazo para despresurizar las cárceles, sin afectar el debido proceso?”, interrogó.
Martínez Vargas recordó que a partir de la reforma de junio de 2008 al artículo 18 el propósito es buscar la reinserción social del sentenciado, pero ante la situación tan precaria de las cárceles en el territorio mexiquense, es fundamental determinar si cumplen con su labor de reinserción.
En términos generales, planteó que la transformación de los Centros de Readaptación Social en la entidad, sí es posible siempre y cuando exista determinación y voluntad del gobierno y las instituciones encargadas de impartir justicia.
De acuerdo con México Evalúa, retomó, un sistema penitenciario reformado debe incluir la eliminación de la sanción carcelaria para delitos menores y no violentos, el desarrollo normativo y organizacional de las sanciones no privativas de la libertad, así como la utilización prudente del recurso de prisión preventiva.
De igual forma, prosiguió, el mejoramiento y la institucionalización de los programas y las técnicas de reinserción, e l fortalecimiento de la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional y La profesionalización del personal administrativo, técnico y de custodia.
Si se toman en cuenta estos aspectos, subrayó, se podría avanzar a la transformación del sistema carcelario en nuestro estado, pero, insistió, se requiere determinación y voluntad política para cambiar el curso de las cosas.