Urgente frenar conflicto social en norte del Edomex

  • “El dinosaurio quiere seguir dando coletazos contra los mexiquenses”
  • Algunos dueños o hijos de los dueños del pulpo camionero han querido incursionar en varios municipios de forma violenta, entre ellos es Oscar Cárdenas hijo del funcionario federal de SEDATU, Gustavo Cárdenas.

El dirigente estatal del Frente de Izquierda Independiente, Carlos Sánchez Sánchez, denunció que debe cuidarse la gobernabilidad y movilidad en algunos municipios del norte del Estado de México donde algunos políticos están aprovechando el vacío de poder para imponer nuevas rutas o líneas camioneras sin la menor regulación y afectando a miles de familias que solo quieren transportarse de manera segura, sin pleitos ni contratiempos.

Abundó que entregará una petición a la LX Legislatura local solicitando se haga un exhorto al gobierno mexiquense en particular a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Movilidad, para que se atienda este tema, dado que en varios municipios “el dinosaurio quiere seguir dando coletazos contra los mexiquenses” impulsando empresas camioneras sin legalidad y poniendo en grave riesgo a los usuarios.

“Algunos dueños o hijos de los dueños del pulpo camionero han querido incursionar en varios municipios del norte del Estado de México, de forma ilegal, arbitraria e incluso violenta, con lo cual anticipamos que se va a generar un conflicto social que le va a pegar a muchas familias tanto de los usuarios, como de los choferes y actuales prestadores del servicio”, acotó indicando que uno de ellos es Oscar Cárdenas hijo del funcionario federal de SEDATU, Gustavo Cárdenas.

Estamos hablando, dijo Carlos Sánchez de mil familias directas y mil 500 familias indirectas por ejemplo en un municipio como Jiquipilco, donde de por si la economía familiar es complicada; además de que, la infraestructura vial con que se cuenta no es la adecuada para un número mayor de camiones a los que actualmente existen.

Como organización vamos entregarle nuestra petición al Poder Legislativo para que pueda revisar el tema con el Ejecutivo del Estado de México en esta etapa de rendición de cuentas dado que se pone en riesgo a la sociedad y se daña a la infraestructura vial vulnerando el reordenamiento del que siempre se habla en materia del transporte.