Sus asesores festejan en redes sociales haber convertido al gobernante en un payaso, en un presentador de televisión sin la envestidura de estadista, sin la mitad de lo que requiere un político que aspira a la Presidencia de la República; su famoso refresh a la figura del mandatario no lo acerca a lo que el pueblo necesita o quiere, sino a la diva que aspiran vender en horario estelar.Pero vamos por partes. El espectáculo del Informe que hoy vemos no se originó este año, es producto de una serie de pésimas decisiones para cuidar al funcionario, a la persona que se dice gobernante y no para cumplir la ley, mucho menos para asumir un papel de rendición de cuentas.
Fue el 5 de septiembre de 2002, cuando el ex gobernador Arturo Montiel Rojas inauguró la modalidad de entregar el informe de gobierno por escrito, al asumir que si acudía al recinto legislativo su figura política corría riesgos de ser dañada por la oposición, quien pretendía increparlo de diversas maneras. Solo como dato curioso, el presidente de la mesa directiva en ese momento, fue el petista Oscar González Yáñez, el presidente de la Gran Comisión era el perredista Valentín González Bautista y el secretario de la misma, el todavía panista, Hesiquio López Trevilla.
Pero más que eso, se convirtió en un desdén al Poder Legislativo, pues de manera alterna se llevó a cabo un faraónico evento con la crema y nata política en el Teatro Morelos de la capital mexiquense, donde por primera vez acudieron figuras nacionales del PRI.
La LIV Legislatura mexiquense recibió el III informe de actividades del gobernador Arturo Montiel Rojas, quien lo remitió por escrito, a través del secretario general de Gobierno, Manuel Cadena Morales, en cumplimiento de los artículos 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Con ello se había consumado la protección a la figura política, pero todavía sin violentar la ley existente.
El artículo 77 hablaba de las facultades y obligaciones del gobernador del estado; señalando textualmente en su fracción XVIII: “Rendir a la Legislatura del estado, el cinco de septiembre de cada año, un informe acerca del estado que guarde la administración pública”. El artículo 34 refería: “La Legislatura recibirá en sesión solemne, el 5 de septiembre de cada año, el informe del gobernador sobre el estado que guarda la administración pública de la entidad”.
De esta forma durante el resto del sexenio montielista se cubrió el requisito de entregar el informe por escrito y hacer un evento político donde la figura del mandatario fue vanagloriada cada vez en mayor medida, debido a su incipiente pretensión presidencial que se desmoronó en 2006.
Por ello, en la LV Legislatura y siendo coordinador del PRI, el actual presidente del República, Enrique Peña Nieto se propusieron cambios en el formato del Informe para que Montiel Rojas pudiera realizar 12 informes regionales en distintos puntos del Estado de México. Así el Quinto y Sexto Informe se adecuaron a la regionalización, potenciando la presencia del mandatario en lugar de restringirla a un solo evento faraónico. Con ello, Arturo Montiel se convirtió en el último estadista del PRI mexiquense.
Su sucesor, Enrique Peña Nieto renunció a los 12 informes regionales nuevamente para proteger su figura y no exhibir de manera temprana su ineptitud, sin embargo, durante su segundo año pecó de demócrata y populista, asumiendo la ocurrencia de acudir al Congreso estatal para ser interpelado.
Fue el 27 de agosto de 2007, cuando la LVI Legislatura mexiquense avaló un acuerdo previo de los seis grupos parlamentarios (PRI, PRD, PAN, PVEM, PT y Convergencia), a fin de modificar el formato de la sesión para el informe donde sería posible que los diputados formularan opiniones o preguntas al gobernador Enrique Peña Nieto, una vez que el mandatario estatal concluyera la lectura de su segundo informe.
Esta decisión fue tomada por unanimidad de los integrantes de la Diputación Permanente, presidida en ese entonces por el diputado del PT, Luis Antonio Guadarrama Sánchez, después de conocer y votar el punto de acuerdo propuesto por los diputados Higinio Martínez Miranda (PRD), Eruviel Ávila Villegas (PRI), Francisco Gárate Chapa (PAN), Alejandro Agundis Arias (PVEM), Sergio Velarde González (PT) y Máximo García Fabregat (Convergencia).
Obviamente a Peña Nieto no le fue también con algunos cuestionamientos a los que no dio respuesta y solo se limitó a contestar los que a su juicio le favorecían, los demás fueron ignorados.
El resto del Sexenio fue el privilegio al glamour, haciendo un lado cualquier semejanza al concepto de rendición de cuentas, transparencia o respeto al Poder Legislativo, al que solo se le envió el informe por escrito. La precampaña presidencial había comenzado y durante los últimos tres años se privilegió la difusión de la imagen del político mexiquense en todo el país so pretexto de dicho acto. La ley nunca sancionó dicha política de difusión como ha ocurrido en el pasado reciente con el Tercer Informe de Gobierno de Eruviel Ávila, quien ya fue advertido, pero sancionado con una multa irrisoria.
Como observamos, Eruviel Ávila Villegas como legislador estuvo presente en los dos procesos de cambio al protocolo del Informe e incluso en un primer momento fue parte de los 12 informes regionales de Montiel como alcalde de Ecatepec, pero como gobernante no supo sortear los tiempos sin modificar la ley.
Primero al verse amenazado por Antorcha Campesina, asociación filial de su propio partido –el PRI-, quien advirtiera hacer una mega marcha y concentración el día 5 de septiembre, día del informe, el hoy mandatario operó para cambiar la fecha.
Fue el 12 de julio de 2013, previo a su Segundo Informe, cuando el Poder Legislativo aprobó el cambio para que el Informe pudiera darse cualquier día del mes de septiembre en lugar del 5 en específico. Dicha propuesta fue hecha por el diputado Luis Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del PAN, pese a que la iniciativa no era de interés ni para su partido ni para la ciudadanía mexiquense, por lo que no tenía otra justificación que quedar bien con el poder y la persona en la silla de la gubernatura.
Aquí es donde en lugar de exigir el cumplimiento de la ley, se pone a modo del funcionario; el Poder Legislativo entra para rescatar la figura política y no, la rendición de cuentas, es decir, el hecho que realmente le importa a la gente.
Y en lugar de ayudar a construir una figura fuerte, de un estadista, de una gente capaz, se exhibe la debilidad para gobernar y la facilidad para corromper. Y se inicia el proceso para convertirlo en un presentador de TV con aspiraciones presidenciales.
El 3 de abril de 2014, a propuesta de dos diputados de Nueva Alianza, Antonio Rodríguez y Gerardo del Mazo, se pretende impulsar que los informes de gobierno se puedan entregar en medios magnéticos, es decir, en CD’s y dvd’s, por lo que nuevamente se acentúa la idea de que el mandatario lejos de ser un estadista será presentador de su propio material y este podrá distribuirse en escuelas y edificios públicos.
El siguiente capítulo de los informes de Gobierno en el Estado de México se escribe cuando con afanes presidenciales, el Tercer Informe de Gobierno de Eruviel Ávila Villegas es difundido a nivel nacional violentando el marco legal y por lo cual fue sancionado públicamente, pero de acuerdo a sus asesores de comunicación, la meta se cumplió pese a pasar por encima de la ley.
Se intenta repetir la misma fórmula que llevó a Peña Nieto a la presidencia: “la imagen por encima de la capacidad, la persona por encima de la ley”. Nuevamente se menosprecia el potencial de ser estadista, basta con ser ‘bonito’ y gastar dinero, esa es la política estructurada desde el PRI-gobierno.
La pregunta lógica es: Si Eruviel se conforma con ser una cara bonita –sin el voto femenino que tenía Enrique Peña- o quiere ser tomado en serio como un estadista real para México. Porque en resumen, lo que está pasando -hasta el momento-, es gastar dinero para que parezca ‘bonito’, no capaz ni mucho menos preparado.
El tema de la rendición de cuentas da para mucho y seguramente el paso más idóneo para la oposición será regresar a fijar una fecha formal para su entrega y la asistencia obligada del gobernador, no como un sometimiento sino como una forma de equilibrio, garantizando que la visita del mandatario en turno no se convierta en un circo donde reinen los egos personales, sino por el contrario donde tanto el Ejecutivo estatal y los legisladores muestren tamaños y miras de ser personajes a la altura de las exigencias de la entidad más grande del país.
