• Comisiones legislativas avalan sanciones de hasta 12 años de prisión por la difusión de imágenes de cadáveres.
• También prevén sanciones para personas servidoras públicas y agravantes si las víctimas son población vulnerable.
A fin de salvaguardar la dignidad y honra póstumas, así como garantizar el acceso a la justicia a terceros debido a prácticas ilícitas cometidas por personas servidoras públicas y ciudadanía, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó reformas al Código Penal estatal para establecer sanciones de hasta 12 años de prisión en contra de quien participe en la difusión de imágenes de cadáveres de personas, reforma que es conocida como ‘Ley Ingrid’.
El dictamen, que conjunta las iniciativas presentadas por separado por la legisladora Luz Ma. Hernández Bermúdez (Morena), así como por las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, coordinadora e integrante de la bancada ecologista, respectivamente, establece sanciones para quien difunda o facilite este tipo de material, así como una agravante si las víctimas son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, quien, sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen o impartan instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación, realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía o comparta u oferte e intercambie imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad del honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares, recibirá una sanción de cuatro a ocho años de prisión, así como la reparación integral del daño.
Durante la reunión presidida por el legislador Gerardo Ulloa Pérez (Morena), el diputado Alfredo Quiroz Fuentes (PRI) expuso el dictamen donde se establece que si en la comisión de este delito participan servidores públicos de salud, protección civil, seguridad pública, procuración y administración de justicia o cualquier otro inherente a la cadena de justicia, que por su empleo cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos e instrumentos vinculados a un procedimiento penal o una investigación relacionada con el hecho delictivo, se le impondrán de tres a siete años de prisión.
El documento señala que, si el sujeto pasivo de este delito son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta una mitad de las que correspondan, por lo que podrían alcanzar sanciones de hasta 12 años de prisión.
La comisión legislativa también analizó las iniciativas de las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, del PVEM, así como del diputado Martín Zepeda Hernández y de la diputada Juana Bonilla Jaime, de MC, para incrementar las penas por el delito de usurpación de identidad. Al respecto, el legislador Gerardo Ulloa compartió que solicitará a la Junta de Coordinación Política que se invite a representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para tener una reunión de trabajo en conjunto.