La presunta corrupción que denunció la periodista Lydia Cacho en contra de la Magistrada de Circuito Selina Haidé Avante Juárez, quien liberó a un pederasta poderoso con apoyo de una red de protección al interior del Consejo de la Judicatura Federal, se evidenció por un distinto caso de corrupción que también denunció la Magistrada de Circuito del propio Poder Judicial de la Federación, Elba Sánchez Pozos.
La magistrada Pozos inició su carrera judicial en diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en un Juzgado de Distrito en Toluca, Estado de México a los veintiséis años de edad, misma cantidad de años que ha laborado en órganos jurisdiccionales federales, de los cuales en doce se ha desempeñado como Magistrada de Circuito, en diferentes ciudades del país (Uruapan, Morelia, Michoacán, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Chihuahua, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco, Cancún, Quintana Roo, Culiacán, Sinaloa y actualmente esta adscrita a un Tribunal en Campeche, Campeche; asimismo, ha desempeñado funciones como oficial judicial, actuaria, secretaria proyectista de juzgado y de tribunal colegiado, quien cuenta con amplios estudios académicos que van desde diplomados, especialidades en materia de amparo, maestría en la misma materia y doctorado en ciencias jurídicas.
La Magistrada Sánchez Pozos llegó a ser Juzgadora Federal a través de la carrera judicial, por méritos propios, sin apoyo político alguno ni recomendaciones de ninguna especie, lo que la legitima para denunciar públicamente los actos ilegales de corrupción y violación a derechos humanos que el Consejo de la Judicatura se niega a reconocer, no obstante, la política pública implementada desde la actual presidencia de cero tolerancia a la corrupción y a favor de igualdad de género.
En los doce años que ha ejercido como magistrada federal se ha enfrentado a varios inconvenientes y malas prácticas del propio gremio de juzgadores que se apartan de las exigencias legales que deben regir la función jurisdiccional, distintas al nepotismo y acoso que ha identificado el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de mejorar el ambiente laboral, malas prácticas que atañen o impactan de manera directa en la impartición de justicia, algunas de las cuales pudo solventar a través de sus múltiples votos particulares o disidencias frente a las determinaciones de la mayoría.
Sin embargo, la magistrada relata haberse enfrentado de manera insólita a diversas problemáticas en el Tercer Tribunal Colegiado de Cancún, Quintana Roo, en donde integró el Pleno con la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez y el Magistrado Jorge Mercado Mejía, por un lapso de once meses que fueron suficientes para su expulsión de dicho órgano jurisdiccional por medio del grupo de poder al que pertenece Avante Juárez, por las relaciones que logró afianzar al laborar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo a su designación como magistrada federal y por ser hermana de Mario Avante Juárez subsecretario general de acuerdos de ese Máximo Tribunal y también, hermana del Magistrado Alejandro David Avante Juárez, integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es un principio constitucional para toda autoridad en el país, ya sea municipal, local o federal, que sólo pueden actuar en el marco legal conforme a las facultades expresamente conferidas por la ley, que no permite excepciones incluso tratándose de autoridades garantes de la constitución.
Pero la Magistrada Avante Juárez con exceso de poder y abuso de sus funciones como lo hizo en el caso de Lydia Cacho en el que liberó al empresario Kamel Nacif Borges, al interior del Tercer Tribunal Colegiado en Cancún, Quintana Roo, se permitía todo tipo de excesos, al grado de que nombró secretaria en funciones de Magistrada a la licenciada Graciela Bonilla González, con la cual formó mayoría en la votación del asunto antes mencionado; misma que meses antes acusó sin sustento alguno a la magistrada Pozos de haberla obligado a renunciar en su plaza de secretaria proyectista.
Desde abril de 2019 la magistrada Pozos estuvo haciendo del conocimiento a Carlos Alpízar Secretario General de Presidencia a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y al Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, las malas prácticas que acontecían en el citado Tercer Tribunal, sin que dichos funcionarios procedieran al respecto.
Mientras la magistrada Pozos informaba al Ministro Presidente y al Secretario General de presidencia, mediante los respectivos oficios, de toda la situación anómala que acontecía en el citado Tribunal, se maquinaban en su contra más de quince denuncias por acoso laboral con la finalidad de que fuera expulsada de dicho órgano jurisdiccional y readscrita a otro tribunal, lo que lograron a finales de septiembre de dos mil diecinueve en que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó cambiarla de adscripción a Culiacán, Sinaloa, para “salvaguardar la sana convivencia en el Tribunal y en el Circuito de origen”, a donde no llegó a laborar, porque dicho Pleno le dictó como medida cautelar, sin previo juicio y sin previa notificación de alguna índole la suspensión en sus funciones, que se prolongó por el lapso de un año.
En la propia resolución del Consejo de la Judicatura Federal en la que se decretó la suspensión de la magistrada Pozos, también se ordenó una visita extraordinaria en su contra, la cual finalmente fue desahogada también en contra de la magistrada Selina Haidé Avante Juárez y Jorge Mercado Mejía, en virtud de las denuncias que en su defensa tuvo que formular la magistrada Elba Sánchez Pozos, misma que concluyó con el informe final de visita emitido en agosto de dos mil veinte, en el sentido de que existen pruebas suficientes que acreditan las responsabilidades administrativas en que incurrió la Magistrada Avante Juárez, sin embargo, a la fecha ni siquiera se ha iniciado el procedimiento disciplinario correspondiente en contra de dicha servidora pública.
No obstante que el Consejo de la judicatura Federal con la política de cero tolerancia a la corrupción ha suspendido a diversos juzgadores federales por presuntas irregularidades graves y no graves establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Normativa interna del Poder Judicial de la Federación, en el caso particular de la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez, la evidente protección al más alto nivel se prueba con claridad indiscutible, porque Visitaduría General concluyó que incurrió además de las causas administrativas graves en una conducta delictiva; puesto que varios titulares se encuentran suspendidos por medidas cautelares, mientras que ella a pesar de las pruebas que obran en su contra, sigue ejerciendo sus funciones con el grave daño que eso ocasiona a la impartición de justicia y que incluso da lugar a considerar que quienes la protegen están incurriendo en abuso de poder, tráfico de influencias, encubrimiento y obstrucción de la justicia conforme lo establecen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.