Homologar la legislación federal para sancionar con pena de dos a 10 años de prisión a quien autorice o desarrolle proyectos en zonas de riesgo: Diputada Ana Lilia Herrera

Debido a que hay un vacío en la legislación federal, por la ausencia de tipos penales que incluyan las responsabilidades y sanciones a quien autorice o desarrolle proyectos en zonas de riesgo, la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, propuso materializar en el Código Penal Federal el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asentamientos humanos en zonas que representan un peligro para
la población.

“La Ley General de Protección Civil contempla como delito grave la construcción en zona de riesgo, pero este hecho no es sancionado en la legislación penal federal, lo que convierte al precepto en inaplicable; existen algunos casos en que las autoridades locales cuentan con la normatividad que les permita evitar los asentamientos en zonas de riesgo. Sin embargo, muchas veces no es aplicada, debido a que los costos de reubicar a personas asentadas en zonas son muy altos”, explicó.

La iniciativa busca adicionar el artículo 420 del Código Penal Federal, para tipificar el delito e imponer pena de dos a 10 años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa, a quien: Autorice, ordene, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reserva ecológica o en zonas no aptas de acuerdo al análisis de riesgo realizado por la autoridad competente; lo mismo aplica al sujeto que asiente datos falsos en documentos, con el propósito de simular el cumplimiento de obligaciones derivadas de la norma federal
y quien no realice el análisis de riesgo y actúe sin la autorización del impacto y riesgo ambiental.

La sanción para el servidor público que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice obras incumpliendo con las disposiciones federales, es la privación del cargo o comisión y se le inhabilitará para ocupar otro hasta por cinco años.

“La iniciativa otorgaría fuerza normativa a la protección civil y brindaría al Estado un elemento de control racional y homólogo a favor del desarrollo territorial y protección de las personas bajo su jurisdicción;
obligaría a los gobiernos, federal y locales a garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgos en los instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano; también, impulsaría la creación y actualización de reglamentos de construcción acordes con los diferentes peligros y riesgos de los asentamientos humanos que se presentan en cada territorio”, argumentó Herrera Anzaldo.

Destacó la importancia de homologar la norma federal, pero también dijo, es urgente un cambio en la atención gubernamental para dar un mejor destino al presupuesto a favor de la población e impulsar un modelo de desarrollo humano que genere bienestar a los ciudadanos.

“La atención de desastres naturales, gestión de riesgos y protección civil son materias que nos incluyen, responsabilizan y benefician a todos y en manos del Legislativo está la facultad de crear los tipos penales, actuemos en consecuencia” concluyó.

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