Impulsa Legislativo estatal regularización de propiedad ejidal

  • Se busca la seguridad jurídica del patrimonio de familias vulnerables.
  • En la entidad suman mil 235 núcleos ejidales distribuidos en 121 municipios.

Por unanimidad, las comisiones de Desarrollo Agropecuario y Forestal y Desarrollo Urbano del Congreso local acordaron solicitar a los titulares del Centro de Atención del Registro Agrario Nacional (RAN) en la entidad, del Instituto para la Vivienda Social del Estado de México (Imevis) y el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) sentar las bases de coordinación y colaboración para la regularización de asentamientos humanos ubicados en ejidos y comunidades de la entidad.

En reunión que presidió la legisladora María Elida Castelán Mondragón (PRD), la autora del punto de acuerdo, la diputada Karla Aguilar Talavera (PRI) dijo que se trata de un paso importante para brindar seguridad jurídica a las familias mexiquenses sobre su patrimonio, y apuntó que este exhorto contribuirá a agilizar los trámites de la regularización, de los cuales el RAN registra más de dos mil quinientos en rezago para esta entidad.

El legislador Max Agustín Correa Hernández (Morena), quien con anterioridad propuso incluir en este exhorto al IFREM, planteó la oportunidad de citar a su titular para conocer sus propuestas a fin de hacer efectiva esta petición, y la posibilidad de otorgar sus trámites de forma gratuita. Al respecto, el diputado Francisco Brian Rojas Cano (PAN) dijo que los costos de estos trámites no son elevados y que dejar de cobrarlos limitaría las actividades del Instituto.

Durante el análisis de la propuesta se expuso que este tipo de propiedad social en la entidad alcanza mil 235 núcleos ejidales y de propiedad comunal distribuidos en 121 municipios, los cuales, no obstante, en su mayoría han perdido su vocación agrícola y en actualmente se encuentran habilitados como zonas habitacionales, por lo que es necesario su regularización para, entre otros beneficios, sus pobladores puedan acceder a los servicios públicos básicos.