Propone Julieta Villalpando que el Instituto de la Defensoría Pública dé asesoría pública

Para garantizar a las personas su derecho humano al debido proceso en el juicio laboral en su vertiente de asistencia técnica adecuada, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México podría asesorarlas, conforme a la iniciativa propuesta a la 60 Legislatura por la coordinadora del Grupo Parlamentario del PES, Julieta Villalpando Riquelme.

Presentada en sesión del Tercer periodo Ordinario, la iniciativa busca eliminar una posible violación al derecho humano de igualdad y equidad en un proceso laboral, toda vez que, al no contar el trabajador con una asistencia técnica adecuada, estaría impedido de llevar una defensa apropiada, lo que puede trascender en el resultado del fallo.

La propuesta se apoya en el hecho de que la legislación internacional, nacional y estatal establece como garantía judicial del debido proceso el derecho de las personas a poder defenderse personalmente o ser asistidas por un defensor de su elección, o bien a través de alguno proporcionado por el Estado.

En la entidad esta facultad corresponde al Instituto de la Defensoría Pública, aunque actualmente no tiene atribuciones para intervenir en el ámbito laboral. Por esta razón la diputada Julieta Villalpando plantea reforma el artículo 4 de la ley respectiva, para consignar que también sea su objeto asesorar en materia laboral a cualquier persona y de manera preferente a quienes tengan la calidad de trabajador o sus beneficiarios.

La iniciativa será estudiada por las comisiones de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Procuración y Administración de Justicia. 

ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO, PLANTEA EL PAN

Elevar a rango constitucional los principios de economía y transparencia en la ejecución del gasto público, propuso el diputado Edgar Armando Olvera Higuera (PAN) a fin de contribuir con medidas y estrategias para la aplicación oportuna y eficaz del gasto y obtener resultados que favorezcan el desarrollo de los mexiquenses. 

De acuerdo con su propuesta de reforma al artículo 129 de la Constitución Política local, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados, los recursos económicos del estado, de los municipios y de los organismos autónomos deberán administrarse bajo esos principios, además de los de eficiencia, eficacia y honradez ya consignados.

Añadió que la lucha emprendida en Acción Nacional por la transparencia y el correcto ejercicio del gasto ha sido permanente, con resultados reflejados en el marco jurídico que permiten y crean condiciones para su implementación. “Como diputados y representantes de la sociedad mexiquense tenemos la obligación de legislar y proteger sus intereses, por ello estos principios fundamentales son necesarios para su reconocimiento y legitimación”, sentenció.

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