A fin de establecer como obligación del Poder Judicial del Estado de México y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el poner a disposición de la ciudadanía las versiones públicas de todas las sentencias que emitan, el diputado José Antonio García García presentó en nombre de su compañera Brenda Escamilla Sámano y del Grupo Parlamentario del PAN en la 60 Legislatura una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
El legislador explicó que actualmente la ciudadanía no tiene acceso al contenido de las sentencias y, por ende, no puede revisar y evaluar la forma en la que se imparte justicia, lo cual provoca sentencias discriminatorias e injustas, contraviniendo el derecho de acceso a la justicia y a que ésta sea transparente y eficaz.
Planteó que la falta de transparencia en las sentencias obedece a que las leyes establecen que se ponga a disposición de la ciudadanía solo aquellas sentencias que sean consideradas de “interés público”, concepto ambiguo que en su mayoría es interpretado de manera restrictiva por las autoridades judiciales, pues queda sujeto a su interpretación para decidir qué sentencia es de interés público y cual no, señaló.
Indicó que, según el informe “Injusticia abierta: ranking de la opacidad judicial en México”, de la organización Equis Justicia para las Mujeres, A.C., 96.9% de los Poderes Judiciales no consideran de interés público todas las sentencias emitidas; que todos los Poderes Judiciales locales del país están reprobados en materia de transparencia, y que el Poder Judicial del Estado de México se ubica como el más opaco del país con un porcentaje del 0% en materia de transparencia.
La propuesta, que busca reformar la fracción II del artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, fue remitida a las comisiones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción y de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis y dictamen.
CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN LOS MUNICIPIOS PARA EL MANEJO DE LA CUENTA PÚBLICA
Para que el síndico, el secretario del ayuntamiento, el tesorero y los titulares de las dependencias correspondientes se capaciten, con carácter de obligatorio, para el manejo de la Cuenta Pública, y con ello disminuir las observaciones, hallazgos y procedimientos resarcitorios, además de fortalecer la rendición de cuentas en los municipios, el diputado Javier González Zepeda presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
El legislador aseguró que el manejo de las cuentas públicas requiere especialización por su complejidad técnica y financiera, por lo que se necesitan servidores públicos responsables, comprometidos y con el conocimiento de las actividades que realicen, por lo que advirtió que aunque el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) brinda capacitaciones y asesorías, estas no son obligatorias.
Por ello, la iniciativa busca establecer que se brinde capacitación para el manejo de las cuentas públicas municipales en un plazo no mayor a los 120 días posteriores a la instalación del ayuntamiento, la cual será de carácter obligatorio para los servidores públicos mencionados.
Indicó que las observaciones realizadas a los municipios como resultado del análisis y revisión de las cuentas crecen en cada ejercicio fiscal, consecuencia de un mal manejo del gasto o el desconocimiento de los servidores públicos. En los resultados del Índice General de Desempeño de los ayuntamientos, precisó, la evaluación predominante corresponde al nivel “crítico”, toda vez que 71.2% de los ayuntamientos obtuvieron este rango; el 28% se encuentran en el rango de “suficiente” y solo un municipio (0.8% del total), alcanzó una calificación de “adecuado”.
Por otro lado, mencionó que los ayuntamientos tuvieron observaciones por un monto total de 2 mil 962 millones de pesos, hallazgos por aclarar de 106 mil 149 millones de pesos y un total de hallazgos con presunta responsabilidad por 10 mil 098 millones de pesos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y de Legislación y Administración Municipal, para su dictamen correspondiente.