Toluca, Méx.- las rectorías y direcciones de los 35 tecnológicos y universidades públicas del Gobierno del Estado de México que tienen una matrícula de al menos 100 mil alumnos, han sido utilizadas por décadas para pagar compromisos políticos a militantes del PRI, familiares o amigos de servidores públicos del gobierno mexiquense.
Afirmó la diputada Azucena Cisneros, integrante de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, que denunció que dichas escuelas se convirtieron en la “caja chica” de los gobernadores.
Precisó que desde estas instituciones, dependientes de la Secretaría estatal de Educación y cuyos directivos son designados por el gobernador en turno, se han orquestado irregularidades que han provocado observaciones administrativas y denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), porque fueron usadas para triangular recursos a empresas y particulares.
A las irregularidades financieras se suma que la mayoría de los puestos directivos de estas instituciones son reservados para integrantes de la clase política del PRI y exfuncionarios provenientes de administraciones tricolores, y quienes desde ahí continúan con su operación política.
“Hay un gran desprecio al alumnado y profesores por parte de quienes encabezan estas instituciones estatales pues carecen de experiencia, perfil y vocación, cuando se tendría que ponderar un buen perfil para llevar lo mejor a los alumnos, maestros que tienen mucha preparación, no pueden aspirar a ser rectores porque los tecnológicos y universidades estatales son premios de consolación a militantes del PRI”.
Derivado de las investigaciones de la ASF, a tres exrectores de las Universidades Tecnológicas del Sur del Estado de México y de Nezahualcóyotl, así como de la Politécnica de Texcoco, se les iniciaron procesos penales al estar involucrados en convenios con la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde se siguieron esquemas similares a los denunciados en “La Estafa Maestra”.
Y hasta el 2021 han continuado las observaciones financieras a estas instituciones, pues el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, referente a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, 10 universidades y tecnológicos del Estado de México se determinó que hubo violaciones a las Leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Contabilidad Gubernamental.
“Los Tecnológicos y universidades estatales han sido utilizadas para el presunto desvío de recursos, como lo han establecido las diversas auditorías, pero eso debe terminar, la gente ya no quiere esas prácticas, y los maestros necesitan oportunidades de ascenso, y no estar vinculados a un partido político para poder hacerlo”, afirmó la legisladora de Morena.
Las instituciones con mayores irregularidades son la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, donde la ASF determinó daño a la Hacienda pública Federal por 44.4 millones de pesos; en la Universidad Tecnológica de Tecámac, daño por 575 mil 800 pesos; la Universidad Mexiquense del Bicentenario, no acreditó expediente de adjudicación de los recursos federales; en la Universidad Politécnica del Valle de México, hubo pagos improcedentes por 668 mil pesos, lo cual impactó al control de nóminas.
En esta revisión de la ASF también resultaron con observaciones financieras los Tecnológicos de Estudios Superiores de Ecatepec y Coacalco, así como las Universidades Estatal del Valle de Ecatepec, Tecnológica de Nezahualcóyotl, Tecnológica del Valle de Toluca y la Politécnica del Valle de Toluca.
Entre las irregularidades detectadas en estas instituciones se encuentran el carecer de cuentas bancarias específicas para administrar los subsidios federales, no informar de los recursos aplicados, diferencias en reportes financieros, fallas en contrataciones, omisiones en el control de nóminas, entrega extemporánea de informes oficiales y violaciones a la normatividad presupuestal, administrativa y contable, entre otras.
Adicionalmente, a las irregularidades financieras en estos planteles estatales, las designaciones de directores y rectores, de dichas instituciones, suelen favorecer a quienes han realizado trabajo político o administrativo en gobiernos del PRI, en los 15 Tecnológicos de Estudios Superiores, 9 Universidades Politécnicas, 6 Universidades Tecnológicas y 5 Universidades Estatales.
De estas 35 instituciones de educación superior, hasta principios de abril, en al menos 30 casos, sus respectivos directores o rectores presentaban un denominador común: la relación laboral en administraciones priistas, familiares vinculados a la clase política y gubernamental del PRI o el haber ocupado cargos de elección popular, además de participar en actividades partidistas o de activismo a favor del tricolor.
En el caso de los 15 Tecnológicos de Estudios Superiores, hay personajes con trayectoria en puestos de elección popular bajo las siglas del PRI; en el de Ecatepec, el rector es Pablo Bedolla, ex alcalde, ex diputado local y federal de ese municipio; en el de Huixquilucan, el rector es Julián Norberto Quiroz Martínez, ex titular de Finanzas y Administración del PRI estatal; en Chimalhuacán, dirige la exdiputada local del PRI y excandidata a la alcaldía de Nezahualcóyotl, Martha Angón Paz; en el de Ixtapaluca encabeza Demetrio Moreno Arcega, hermano de Isidro Moreno Arcega, exdiputado local y federal del PRI.
El director del Tecnológico de Chicoloapan, es Moisés Hernández, ex candidato del PRI a la alcaldía de ese municipio; en el del Oriente del Estado de México es Juan Demetrio Sánchez Granados, ex alcalde de Amecameca y ex diputado local; en Coacalco, el responsable es Alfredo Martínez González, ex subsecretario de Educación Media Superior en el gobierno de Eruviel Ávila, y en Cuautitlán Izcalli, encabeza Laura Mitzi Barrientos, quien en 2012 fue presidenta del Club de Fans de Enrique Peña.
En las Universidades Politécnicas y tecnológicas, despachan como rectores exrepresentantes populares, exfuncionarios y también familiares de políticos priistas como el exalcalde Chimalhuacán, César Álvaro Ramírez; Rodolfo Jardón Zarza ex diputado local del PRI, y Noé Urbina Salazar, sobrino del exalcalde de Tecámac y exdiputado local Aarón Urbina Bedolla.
Por ello, la diputada Azucena Cisneros consideró urgente legislar para que no sea arbitrario el uso de instituciones educativas, y se impida el “uso criminal” de la educación con fines político electorales, que ya no sean más refugio de militantes del PRI, y que las designaciones sean por elecciones transparentes, con criterios claros, de acuerdo a los mejores perfiles.