El contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, reconoció la importancia de conocer los derechos para hacerlos valer y participar en la construcción de un mejor sistema de justicia, además de combatir la corrupción y la impunidad, durante la conferencia magistral “La jurisdiccionalización del derecho disciplinario”, impartida por Manuel Lucero Espinosa, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la que abordó los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción.En el salón Benito Juárez del Palacio Legislativo, en presencia de la magistrada Myrna Araceli García Morón, vicepresidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, quien señaló que el combate a la corrupción es tarea de todos, y Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Victorino Barrios recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) mandata la creación de los tribunales de justicia administrativa.
En este sentido, dijo que la noción de “jurisdiccionalización del derecho disciplinario” básicamente implica el traslado de las funciones sancionadoras ejercidas por un órgano administrativo en contra de servidores públicos que han incurrido en faltas determinadas, a uno jurisdiccional.
Manuel Lucero explicó que con el nuevo SNA y sus pares a nivel estatal y municipal serán consideradas faltas graves de los servidores públicos el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, abuso de funciones y actuación bajo conflicto de intereses, además de la contratación indebida, enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de justicia.
Para estas faltas, detalló, se prevén sanciones disciplinarias a servidores públicos, al igual que para particulares vinculados, así como responsabilidades resarcitorias que se refieren al patrimonio estatal. Para el caso de las sanciones no graves o menores, seguirán aplicándose sanciones de tipo administrativo.
Precisó que el proceso para el tratamiento de estas conductas indebidas se llevará cabo en tres etapas, una de investigación, otra de sustanciación con el ofrecimiento de pruebas a favor o en contra de los actores, así como la de resolución, etapa en la que intervendrán precisamente los tribunales en la materia.