- La reforma se alinea con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Enriquecen iniciativa para que edificios y servicios públicos transiten hacia energías renovables.
- Continúa análisis de iniciativas para derogar interdicción para personas con discapacidad y para el fomento de las organizaciones de la sociedad civil.
Por unanimidad, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobaron ajustes al sistema de responsabilidades de las personas servidoras públicas del Poder Judicial para armonizarlo con los más recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, impulsada por la Junta de Coordinación Política, se establece la premisa de que las sanciones administrativas para las y los servidores públicos se aplicarán por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y la vulneración de dichos principios ameritará procedimientos de responsabilidad administrativa.
La iniciativa, expuesta por autoridades del Poder Judicial, establece reglas para que las faltas administrativas se sancionen con amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación y de forma económica; cuando dichos actos u omisiones sean graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. También favorece que las normas de acceso y permanencia en el Poder Judicial no sean discriminatorias ni contravengan el principio de reinserción social
Además, establecen la noción de la calidad de la o del servidor público y su obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses; se distingue entre faltas graves y no graves y sus sanciones; señala los supuestos y procedimientos aplicables para impugnar la clasificación de las faltas administrativas no graves; añade el principio de que no pueden imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
Durante la reunión se destacó que la reforma responde a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de la LXI Legislatura y el Ejecutivo estatal por la aprobación y publicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, señalando temas como el derecho a la igualdad, no discriminación, de acceso a un cargo público, a la seguridad jurídica y a la libertad de trabajo, así como principio de legalidad.
La reforma impulsa una legislación acorde con los criterios de última generación de la SCJN y evita sentencias en contra del Estado de México y muestra que la entidad está pendiente de lo mandatado por la Suprema Corte y actúa con eficiencia interinstitucional.
Analizan transición energética en edificios públicos de Edomex
Las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Legislación y Administración Municipal y de Protección Ambiental y Cambio Climático recibieron las opiniones de autoridades de justicia y desarrollo económico sobre la iniciativa para integrar energías limpias y renovables en edificios y alumbrado público, entre otros servicios.
Coincidieron en que se alinea con los objetivos de la Comisión Estatal de Energía, se pronunciaron por precisarla para no invadir atribuciones federales, diferenciar los edificios públicos de los que se encuentran en renta y plantearon ampliar los plazos para su inicio.
Las y los legisladores se pronunciaron por privilegiar la renta de espacios que cuenten con paneles solares y respetar la autonomía municipal ante los altos costos que implicaría la transición energética; transparencia en la concesión e instalación, así como en el costo de adquisición y mantenimiento.
Analizan derogar interdicción en personas con discapacidad
Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para la Atención de Grupos Vulnerables del Congreso local acordaron crear mesas de trabajo con asociaciones civiles para enriquecer la iniciativa de reformas al Código Civil estatal que busca derogar el régimen de interdicción en las personas con discapacidad.
Durante la reunión se expresaron a favor de una consulta con la población objetivo de la reforma para definir los modelos de apoyo y contar con personas expertas en la materia, así como trabajar de la mano con el Poder Judicial para la implementación de justicia accesible. De acuerdo con la iniciativa, la figura de estado de interdicción es una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia que no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Respaldan iniciativa de fomento a organizaciones de la sociedad civil
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana continuaron con el análisis de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México y de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México. Se dieron por recibidas las observaciones de las y los legisladores y se acordó dictaminarla en una próxima reunión de trabajo.