Por unanimidad, comisiones unidas de la 60 Legislatura aprobaron crear la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México, propuesta en marzo pasado, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, por la diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.
Aprobada en sesión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, así como la Comisión Especial, el nuevo ordenamiento prevé la creación del Fondo Estatal de Desaparición, el Consejo Estatal Ciudadano y el Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Investigación y Búsqueda de Personas, además de que elimina el término ‘persona no localizada’, lo que podría convertirla en una legislación marco para otras entidades.
La legisladora explicó que la iniciativa armoniza la legislación local con la federal, cumpliendo con lo mandatado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, publicada el 17 de noviembre de 2017, en el sentido de que los Congresos locales legislaran en la materia.
Recordó que en septiembre se declaró una segunda Alerta de Violencia de Género para el Estado de México, ésta por desaparición (la anterior fue por feminicidio), lo que obligó a la Legislatura a crear la Comisión Especial para atenderla y a elaborar la ley.
Karina Labastida destacó que en el ordenamiento que se someterá al Pleno se elimina el término de ‘persona no localizada’, pese a que la Ley General aún lo contempla, a fin de que toda la fuerza del Estado se vuelque en la búsqueda de las personas, ya que mantener el concepto de ‘persona desparecida y no localizada’ dejaba un recoveco para que las autoridades no investigaran, con el argumento de que desapareció de manera voluntaria.
Prevé también la creación del Fondo Estatal de Desaparición, para que la Comisión de Búsqueda de Personas cuente con los recursos y la maquinaria necesarios para la búsqueda de personas. El Fondo podrá recibir donaciones y será fiscalizado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
En respuesta a la petición de las familias de personas desaparecidas de ser parte de la toma de decisiones y poder dar seguimiento a las investigaciones, se crea el Consejo Estatal Ciudadano, un órgano de consulta integrado por ocho representantes de familiares —uno por cada región en que se dividió el Estado según el porcentaje de personas desaparecidas y criterios de vulnerabilidad e incidencia— así como dos especialistas y tres representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La nueva ley incluye un Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Investigación y Búsqueda de Personas, que concertará los esfuerzos de autoridades estatales y municipales en la investigación y búsqueda de personas, así como en el diseño de políticas públicas de prevención y disminución de los índices de desapariciones.
La diputada hizo énfasis en la importancia de que la iniciativa sea aprobada por el Pleno lo antes posible, a fin de que en el Presupuesto de Egresos 2020 ya se contemple la creación del Fondo Estatal de Desaparición y se pueda usar a partir del año próximo.
Expuso que la propuesta final es resultado de seis reuniones de trabajo en las que participaron colectivos de familiares de víctimas de desaparición, representantes de dependencias públicas, organizaciones internacionales y asociaciones civiles.
A participar en la discusión del dictamen, la diputada morenista Mónica Angélica Álvarez Nemer destacó que la legislación favorece la alianza de los servidores públicos para atender la desaparición de personas, así como la coordinación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que reconoció la labor de la diputada Karina Labastida, como lo hizo también su compañera Mariana Uribe Bernal, quien subrayó que el proceso de creación de esta ley fue un ejercicio democrático nunca visto en otras legislaturas.
El diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, también de morena, pidió no escatimar recursos económicos destinados a este asunto, a fin de que no existan pretextos para no dar seguimiento y localizar a las personas desparecidas, mientras que el legislador Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada del PRD, habló de la necesidad de agotar todo recurso que permita garantizar la seguridad de las y los mexiquenses.
Del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Maribel Martínez Altamirano indicó que esta ley, además de armonizar la legislación estatal con la federal y con tratados internacionales, incluye conceptos necesarios para la protección de los derechos de las personas, en tanto que la congresista Brenda Escamilla Sámano, del PAN, afirmó que nadie debe pasar por una pena tan grande y nadie más debe desaparecer, y Juliana Felipa Arias Calderón, del grupo de legisladores sin partido, afirmó que la ley está a favor los familiares de víctimas que han solicitado justicia durante muchos años.
ANALIZAN REGLAMENTO MUNICIPAL PARA ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
En otra reunión de trabajo convocada por la diputada Karina Labastida, servidoras y servidores públicos de los municipios que recibieron Alerta de Violencia de Género por la Desaparición de Mujeres, además de la Fiscalía General de Justicia y el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, trabajaron en el Reglamento Tipo Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Hombres y Mujeres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
En la sede del Instituto de Estudios Legislativos, bajo la conducción de Rodolfo Aguilar Santana, colaborador de la legisladora, los asistentes fueron informados de que como una obligación derivada de la segunda Alerta de Violencia de Género que recibieron los municipios de Toluca, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, cada uno deberá elaborar su propio ordenamiento, aunque la diputada Karina Labastida ha propuesto el Reglamento Tipo como base a partir de la cual puedan partir para hacerlo.