Desconfían diputados de MORENA y PT de proyecto App para caminos del sur

Diputados de morena y del PT, integrantes de las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público y de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), manifestaron su desconfianza en la modalidad de inversión denominada Asociación Público-Privada (APP), bajo la cual el Poder Ejecutivo plantea que se realice el proyecto de rehabilitación y conservación de la carretera libre de peaje Toluca-Ixtapan de la Sal-Tejupilco.

            En reunión de trabajo de las comisiones, los diputados de morena Adrián Galicia Salceda, Max Correa Hernández, Margarito González Morales, Alfredo González González, Gabriel Gutiérrez Cureño, Mariana Uribe Bernal, Elba Aldana Duarte, María Elizabeth Millán García y Mónica Álvarez Nemer, así como el legislador del PT Francisco Rodolfo Solorza Luna, expresaron su desconfianza en el modelo APP con el que se pretende rehabilitar mil 637.8 kilómetros carreteros en los municipios de Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca.

Ante funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y de Finanzas del gobierno estatal, los legisladores indicaron que el modelo de financiamiento es complejo, delicado y riesgoso, considerando el estado de endeudamiento de la entidad; aceptaron que aunque los caminos del sur requieren rehabilitación, hay otras zonas con necesidades de infraestructura, y criticaron que el modelo de APP sea la única propuesta presentada por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, pues busca recursos por 13 mil 629 millones 176 mil 506 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado, lo cual los diputados calificaron como deuda.

            En contraparte, la legisladora Araceli Casasola Salazar, del PRD, se manifestó a favor del proyecto, pues es un modelo usado por el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, aunque cuestionó que la propuesta no incluyera los caminos de Tlatlaya y Amatepec y solicitó a los funcionarios estatales más información sobre los 13 millones de pesos iniciales considerados para la contraprestación y que serán 19 millones de pesos al finalizar la obra.

El legislador Carlos Loman Delgado coincidió en la necesidad de que los funcionarios compartan más información sobre los proyectos de APP en la entidad para mejorar la comunicación y asumir de manera correcta la responsabilidad de la aprobación de políticas públicas; pidió mayor coordinación entre el gobierno estatal y los municipios.

            La diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN) solicitó a los integrantes de las comisiones considerar que se modifique, de anual a semestral, la temporalidad para que el Poder Ejecutivo informe al Legislativo el avance del proyecto y se pueda citar a las autoridades responsables para que aclaren dudas de los legisladores en cualquier momento, además de que el proceso de adjudicación de la obra sea por licitación pública.

            En la reunión, presidia por el diputado Adrián Galicia, el legislador Francisco Solorza indicó que en el dictamen se establecerá que en el proceso de licitación podrá estar presente un representante de cada grupo parlamentario, y declaró en permanente la sesión para continuar con el análisis de la propuesta.

            El proyecto, de acuerdo con la iniciativa, establece la rehabilitación, conservación y mantenimiento de 82 caminos y la obra podrá pagarse hasta en un plazo de 12 años, considerando 24 meses para el periodo de inversión y 10 años para el periodo de conservación y mantenimiento, además de que se tiene al menos un 30% de capital de riesgo y un máximo de 70% de financiamiento, aunque los funcionarios explicaron que se determinó que sean de 35% y 65%, respectivamente.

            Los funcionarios presentes en la reunión fueron David Guerrero Gordon, José Manuel Miranda Álvarez y Víctor Manuel Medina González, director general de Crédito, procurador fiscal y director de Operación Crediticia de la Secretaría de Finanzas,  así como Alejandro Bustos Rodríguez, secretario particular del secretario de Comunicaciones, Luis Gilberto Limón Chávez, quienes defendieron que se hicieron estudios por un año para determinar la necesidad del proyecto y argumentaron que bajo el modelo de la APP se puede ejecutar la obra e ir pagando poco a poco.

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