Establecer políticas públicas transversales para adultos mayores

FOTO BOL. 184Para incorporar el enfoque de los derechos humanos en los temas de adultos mayores, se requiere establecer políticas públicas transversales que coloquen como eje central en su diseño, las necesidades de este sector, basado en los principios de no discriminación y de progresividad.Al exponer lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dijo que aún cuando hay normas orientadas a promover la participación de las personas mayores en la sociedad, son insuficientes, ya que no existe un contexto propicio que facilite el ejercicio pleno de sus derechos y ciudadanía.
Explicó que a los adultos mayores se les conoce como sujetos de derecho, con garantías y responsabilidades, respecto a sí mismos, su familia, comunidad y con las futuras generaciones. No obstante, son apartados por la sociedad por su edad, ubicándose entre los relegados de las relaciones de influencia, lo que perpetúa su posición asimétrica en la distribución de los recursos y beneficios del desarrollo, por ello se les considera como un grupo vulnerable.
La Codhem enfatizó que para concretar las políticas públicas, se requiere que los poderes públicos establezcan medios y recursos, es decir, asignar presupuesto que permita la puesta en práctica de disposiciones normativas y políticas a las que el Estado está obligado, con base a criterios de igualdad y no discriminación, progresividad y participación de los adultos mayores.
También se debe dar cumplimiento a los pactos, convenciones y tratados internacionales, instrumentos que son la consolidación de una demanda añeja, que la comunidad internacional había tardado en cumplir y a la que el Estado mexicano no escapa.
Abandonar la perspectiva de asistencia social y adoptar el respeto a Derechos Humanos, se traduce en la aceptación social de quienes han trabajado su vida por su familia y en pro de su comunidad, del reconocimiento del valor que poseen y la obligación para que en condiciones de igualdad gocen de los derechos y protección que la legislación local, nacional e internacional les concede por el hecho de ser personas y así, propiciar condiciones para alcanzar la mejor calidad de vida, construyendo una sociedad igualitaria, incluyente y en paz.

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