El diputado de Morena presentó un punto de acuerdo, que fue aprobado por unanimidad, para que los Gobiernos federal y estatal garanticen la estabilidad laboral del personal que labora en los CAED, y mejoren las condiciones de los inmuebles y los materiales didácticos y operativos de estos centros en todo el país.
Por unanimidad fue aprobado el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Max Correa Hernández para que la Legislatura mexiquense envíe un exhorto a las secretarías de Educación Pública Federal y del Estado de México, a fin de que garanticen la estabilidad laboral y seguridad social del personal que labora de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).
El exhorto, que también va dirigido a los 125 presidentes municipales del estado, solicita que en la medida de sus posibilidades y atribuciones, los tres niveles de gobierno mejoren las condiciones de los inmuebles y los materiales didácticos y operativos de los CAED.
Tras calificar de lamentable la situación laboral y de seguridad social de los más de mil 515 asesores que brindan los servicios educativos en los 291 CAED ubicados en todo el territorio nacional, el diputado de Morena denunció que desde hace cinco meses no reciben su salario, que es de 7 mil 616 pesos por 120 horas de trabajo al mes, y que cobran mediante recibos de honorarios.
El exhorto, detalló Max Correa, solicita a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal regularice pagos al personal de los CAED que mantiene como pendientes desde la suscripción del acuerdo 138, que tiene que ver con las compensaciones económicas de Navidad, Año Nuevo, y Día de Reyes.
A la dependencia también se le pide asignar plazas docentes para las y los profesionistas que cumplan con los requisitos de escolaridad y experiencia para permanecer en los CAED; revisar la eficacia de las evaluaciones a los que se someten las personas con discapacidad, y reactivar la plataforma de Nuevo Plan de Estudios (Nuples).
Asimismo, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México “se le exhorta en la medida de sus posibilidades presupuestales asuma la calidad de patrón sustituto con los asesores de las CAED, como si se tratase de docentes federalizados transferidos al sistema educativo estatal por medio del organismo público descentralizado Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM)”, y establecer estrechos lazos de comunicación con la autoridad educativa federal.
En el caso de los 125 presidentes municipales mexiquenses, Correa Hernández hizo un llamado para que apoyen a los CAED con gestión o donación de insumos y materiales necesarios para la mejor prestación de servicio que brindan, como audiolibros, glosarios en Lenguaje de Señas Mexicano, textos en Braille, recursos multimedia, software especializado, regletas, punzones, materiales termo formados para alto y bajo relieve, etc.
Durante su intervención en la tribuna parlamentaria, argumentó que desafortunadamente las investigaciones demuestran que las personas que sufren algún tipo de discapacidad tienen menos oportunidades económicas, menor acceso a la educación y viven con una tasa de pobreza más elevada que la media.
“De acuerdo con los datos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, a nivel nacional 5 millones 516 mil 980 personas padece algún tipo de discapacidad, de los cuales, 634 mil 921 viven en el Estado de México”.
Finalmente, el también secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC) afirmó que el Estado de México tiene la obligación de asegurar un sistema de educación a todos los niveles, empleando a maestras y maestros, incluidos los que presenten alguna discapacidad, calificados en lengua de señas o Braille.