Ante la expedición de dos leyes generales actualmente vigentes; de transparencia y acceso a la información pública, por una parte; por otra, de protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, los servidores públicos del Estado de México se encuentran obligados a conocer el marco jurídico de la materia, para garantizar con plena oportunidad los derechos fundamentales de los mexiquenses, coincidieron José Guadalupe Luna Hernández y Javier Martínez Cruz.
Los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) participaron en las jornadas de capacitación destinadas a servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, que, durante dos días, reunieron a más de 350 servidores públicos dedicados al tema de seguridad.
En esta actividad, el Comisionado Javier Martínez Cruz afirmó que las autoridades tienen la obligación de transparentar cada peso que reciben y ejercen para mejorar la seguridad de la población, lo que comprende recursos estatales, municipales y provenientes de la federación, como los subsidios para la seguridad pública municipal (Subsemun) y el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública.
Para ello, aseguró, es necesario que cumplan con la publicación de la información requerida por la ley de la materia en sus portales electrónicos y que respondan las solicitudes de información pública, recordando que, al hablar de seguridad, existe información que requiere ser clasificada, ya sea por la relevancia de su contenido o por que incluye datos personales que, si se revelan, podrían afectar la integridad de los particulares o atentar contra la seguridad del Estado, por lo que resulta prioritario que los funcionarios conozcan las causas y el proceso de clasificación de la información.
Por su parte, el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández resaltó que, en el proceso de resguardo de la información, las autoridades deben considerar medidas de seguridad adicionales para aquélla que, como los partes de policía, contiene datos personales que deben protegerse. Asimismo, es preciso evitar que cualquier servidor público acceda a ellos, sin estar dentro de sus atribuciones o facultades legales.
Incluso, aseveró, en las transferencias de información entre dependencias de una misma institución, podría ser causa severa de responsabilidad administrativa que los servidores públicos no resguarden la documentación con las mismas medidas de seguridad que la instancia que los compartió. Por ello, subrayó la importancia de que toda institución implemente una adecuada gestión documental y elabore el programa anual de desarrollo archivístico, que permita conocer con certeza en dónde se localiza un documento en específico, qué contiene y con qué medidas de seguridad cuenta.