Instituciones públicas deben generar condiciones para implementar la Ley General de Archivos

  • José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem, afirmó que los cambios de administración de las instituciones públicas no deben afectar la permanencia y conservación de los archivos.

Las instituciones públicas se encuentran legalmente obligadas a documentar todas las actividades realizadas en el ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, pues “lo que haga la autoridad debe constar en un documento, que, a su vez, debe preservarse en archivos administrativos actualizados y resguardados”, aseguró José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Durante la celebración de los “Diálogos rumbo a la implementación del modelo de gestión archivística”, en el estado de Colima, el Comisionado de este órgano garante enfatizó que armonizar e implementar la Ley General de Archivos debe constituir una alta prioridad para las instituciones, ya que, si no lo hacen con oportunidad, los servidores públicos pueden hacerse acreedores a multas y sanciones.

Al participar en la Mesa “Rumbo a la armonización e implementación de la Ley General de Archivos”, el Comisionado Luna Hernández, quien también funge como Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, subrayó que, en las entidades federativas, el mayor reto no se refiere a la armonización de la normatividad local con la general, sino a su implementación, en virtud de que contarán con un menor plazo para cumplir con las obligaciones ya definidas.

Asimismo, el Comisionado aseveró que deben generarse las condiciones para que los sujetos obligados implementen el nuevo modelo de gestión archivística lo más pronto posible. Si este proceso presenta dificultades, los municipios tienen la opción de asociarse y firmar convenios para administrar un archivo regional, a fin de operar las políticas de gestión documental y cumplir con las disposiciones de la Ley General de Archivos.

José Guadalupe Luna Hernández añadió que resulta necesario que las instituciones inviertan en la contratación de personal especializado en el manejo de archivo y se aseguren de que estos servidores públicos permanezcan en ella, pues “no podemos seguir echando al bote de la basura los recursos de la institución capacitando al personal que después trasladamos a otras áreas”. De igual manera, puntualizó que los numerosos cambios de administración de las instituciones públicas no deben afectar la permanencia y conservación de los archivos.

En esta actividad, el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández compartió su participación con José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima; Eugenio Monterrey Chepov, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); Rocío Campos Anguiano, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia de Colima (Infocol); José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad Autónoma de Colima; Mercedes de Vega Armijo, Directora General del Archivo General de la Nación, y Bernardo Alfredo Salazar Santana, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Colima.

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