La diputada federal del PRI, Dora Elena Real Salinas ha estado en la antesala de ser candidata a la presidencia municipal de San Felipe del Progreso en dos ocasiones, pues goza del apoyo del Secretario General de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga; sin embargo, en cada elección sus mismos paisanos le recuerdan los litigios de despojo en los que se ha visto involucrada su madre, razón por la que no votarían por ella o emitirían voto de castigo contra el PRI.La cuenta regresiva ha iniciado y la legisladora tiene tres años más para desmarcarse de los asuntos legales que mantienen a su familia en los tribunales desde hace más de 20 años, por el despojo de un predio ejidal; sin embargo, no es la única demanda contra Emma Salinas López, madre de la diputada federal por el distrito 9 con cabecera en Ixtlahuaca.
En el 2012, surgió una demanda más por despojo en contra de la mamá de la legisladora priísta quien tuvo la ocurrencia de bardear y ponerle puerta a un predio de uso común ubicado a unas cuadras de la presidencia municipal, sumando esta querella a la que venía disputando añejamente.
Cabe mencionar que recientemente, trascendió que, el Comisariado Ejidal de Las Salinas solicitó la intervención del presidente Enrique Peña Nieto en el asunto a fin de garantizar que no habrá tráfico de influencias al respecto en el litigio en torno al Rancho denominado “El Cristo” ubicado en San Felipe del Progreso con extensión de 7 hectáreas y un valor estimado en 9 millones de pesos.
Fue desde 1960 cuando los afectados aseguran que Guadalupe Real Pedraza y Emma Salinas López, padres de la diputada priista Dora Elena Real, se apropiaron del predio en San Felipe del Progreso, sin embargo argumentan que cuando su mamá era alcaldesa usó su cargo para beneficiarse.
Se sabe que, Eulalio Mata Jiménez, Andrés Suárez García y Reyes Villa Jiménez, en su calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado del Ejido de Las Salinas, enviaron oficios al presidente Peña; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; así como a Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (SEDATU), para exponer este litigio de despojo.
La petición que expresan a Enrique Peña es la siguiente: “solicitamos su amable intervención para que dicha familia política, deje de seguir perjudicándonos y buscando otros medios alternos (posiciones políticas, que como siempre lo han manifestado ser parte del equipo político que usted representa), para que el ejido de Las Salinas, que por más de 20 años, no hemos podido usufrutuar y beneficiarnos de las bondades de la tierra de aquel rancho del Cristo o Embajomuy”.
Y agrega: “nos hemos ajustado a las leyes de nuestro México que por proceso legalmente hemos ganado, con la confirmación de nuestra Casa Máxima de Justicia el derecho sobre dicho bien inmueble, y exhorte por su conducto a que dicha familia nos entregue el rancho el Cristo o Embajomuy, por ser los titulares del derecho del bien inmueble y dejen de seguir perjudicando al ejido que representamos”.
Hoy se sabe que, después de un largo litigio, la Primera Sala Civil, Región de Toluca, bajo el Toca de Apelación 541/2013, condenó el 5 de noviembre de 2013, al codemandado J. Guadalupe Real Pedraza a desocupar y entregar el bien a la parte actora, con todos sus frutos y accesiones, concediéndole para tal efecto un plazo de ocho días contados a partir del día siguiente en que cause ejecutoria la sentencia bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en la vía de apremio.
En consecuencia, Guadalupe Real interpuso Juicio de Amparo en contra de la mencionada sentencia, conociendo de éste, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, bajo el expediente 1088/2013, Tribunal que con fecha 10 de abril de 2014, resolvió: que “La Justicia de la unión no ampara ni protege a Guadalupe Real en contra de la sentencia”.
Posteriormente Real Pedraza interpuso Amparo Directo en Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual quedó en manos de la Segunda Sala bajo el número de expediente 2252/2014, máximo Tribunal que en fecha 11 de febrero de 2015, resolvió por unanimidad de votos que “se desecha el recurso de revisión a que este toca se refiere; y queda firme la sentencia recurrida.”
Finalmente el Juez Civil de Ixtlahuaca dispuso que se ejecutaría la orden de recuperación del predio el día 9 de Junio del 2015 pero cuando el Comisariado Ejidal se presentó en esas oficinas se les informó de la existencia de un Juicio de Amparo promovido por Sipriano Cruz Velázquez, bajo el expediente 988/2015 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, Juzgado de Amparo que sin revisar el fondo del asunto, y sin tener los elementos jurídicos necesarios, otorgó la suspensión de la ejecutoria que debía de realizarse el día 27 de julio de 2015, ya que solicito una garantía de 30 millones de pesos.
Los demandantes temen que se está poniendo por encima del derecho agrario, el poder político de esa familia, por lo que han ventilado que existen 30 juicios civiles, donde se le demanda a Guadalupe Real, en vía de usucapión, las prescripciones por fracciones de tierra del mismo Rancho “El Cristo”.
Lo cierto es que pese a la constante mención de la diputada federal, Dora Elena Real Salinas en todos los alegatos, su nombre no aparece en ninguna demanda jurídica formal, pues todos los juicios están en contra de su madre o sus padres respectivamente; pero en el ánimo de los pobladores esa ha sido una herramienta más para obstaculizar su posible postulación al cargo municipal.
Los pobladores de San Felipe del Progreso y principalmente algunos ejidatarios alertan que de llegar a la presidencia municipal, repetiría los excesos que en su momento se le achacaron a su madre y los agravios que hoy siguen vigentes en los tribunales.
Dora Elena Real Salinas ya ha ocupado el cargo de regidora, diputada local, ahora diputada federal y solo le faltaría llegar a la silla presidencial para repetir el historial político que tiene su progenitora, sin embargo, tendría que resolver primero estos temas legales o por lo menos deslindarse de ellos, cosa que le ha sido difícil en el pasado.
El 2018 podría ser la meta, pero la carrera todavía es larga.
