• Siete de cada 10 delitos son cometidos a bordo de motocicletas: Myriam Cárdenas.
• Edomex lidera la lista de entidades con mayor número de denuncias por robo a transeúnte en el país.
Al reconocer que los conocidos “moto ratones” en el Estado de México son un problema de seguridad pública grave que afecta la paz y la seguridad de la población, la diputada Myriam Cárdenas Rojas, en nombre del grupo parlamentario del PRI, planteó sanciones de dos a nueve años de prisión para aquellos que en el delito de robo usen motocicletas.
En sesión deliberante, la legisladora señaló que las reformas al Código Penal del Estado de México plantean castigar de manera severa la conducta para proteger la esfera jurídica seguridad de las personas, aunado a la creación de políticas criminales y de prevención por parte de las autoridades municipales y estatal.
Compartió que, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), 70 por ciento de los ilícitos cometidos en sus demarcaciones, como asesinatos, robos a transeúntes, comerciantes y unidades del servicio de transporte público de pasajeros, así como de carga, son perpetrados por sujetos que utilizan motocicletas.
Añadió que, según cifras del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el Estado de México lidera la lista de entidades con mayor número de denuncias por robo a transeúnte en el país, pues tan solo en el primer bimestre de 2022 se iniciaron 7 mil 193 carpetas de investigación por este delito en sus diferentes modalidades, lo que representó en promedio 122 casos por día.
Además, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 72 por ciento de los encuestados dijeron no haber denunciado por causas atribuibles a las autoridades, desde la desconfianza a elementos de seguridad pública y ministerios públicos, o por miedo a los agresores.
La legisladora subrayó que su iniciativa, que analizará la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, no pretende criminalizar o estigmatizar el uso motocicletas o a los usuarios, sino que se busca dotar de herramientas al órgano jurisdiccional, para que al momento de que el juzgador estime las características y circunstancias del robo se cuente con los elementos probatorios suficientes para determinar que el uso de motocicletas fue un instrumento del delito.