- Los trabajos han puesto en riesgo la vida de las personas.
- Continúan los despojos a personas vulnerables.
- Hay personas ajenas a la construcción que agreden y amedrentan.
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) solicitó a las autoridades del gobierno federal a garantizar el respeto a las garantías de aquellos ciudadanos que son afectados por la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.
«Las empresas que desarrollan el proyecto han demolido varias viviendas, pese a que los propietarios mantienen sendos amparos, violentando así los derechos humanos y fundamentales de las personas, además, han puesto en peligro sus vidas al utilizar maquinaria pesada para evitar la protesta de los vecinos”, dijo José Antonio Lara.
El abogado del colectivo explicó que hay hechos de protesta de las personas afectadas que consideran que sus derechos humanos son violentados con actos u omisiones de la autoridad o de particulares.
Añadió que pese a que las personas agraviadas son vecinos que han habitado esta zona por años, los trabajos de construcción de este proyecto siguen; además con despojos que acompañan efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actos que hacen se considere una situación alarmante en contra de los ciudadanos.
Recordó que en el paraje “Mina Viaja”, a la altura de los kilómetros 25 y 26 de la carretera México-Toluca, fueron desalojados varias familias, con menores de edad, personas adultas y mujeres, con todo lujo de violencia y, por si fuera como, sus viviendas destruidas.
Por si fuera poco, agregó el litigante, se han identificado personas ajenas a la construcción de este proyecto, que están disfrazados de trabajadores, quienes agreden verbalmente y amedrentan a los habitantes de esta localidad.
Explicó que pobladores de San Lorenzo Acopilco, y de otras poblaciones mexiquenses afectadas, incluso de la ciudad de México, se organizan para estudiar las acciones legales que realizarán para frenar esta serie de despojos arbitrarios.
Por este motivo, pidió a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y el propio gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza; su intervención inmediata a favor de los afectados.