Familias indígenas de la zona norte del Estado de México y que requieren apoyos del gobierno federal para personas con algún tipo de discapacidad, fueron seriamente afectadas por exigencias “ridículas” del personal a cargo del Delegado Regional, Ramiro Rojas, quienes se encargan de gestionar dichos beneficios, y que por decisiones propias exigen documentación innecesaria para la entrega de los mismos.
Un ejemplo claro fue el de Jovita, quien vive en la comunidad de Plateros del municipio de San Felipe del Progreso, y tiene a su cargo la crianza de su nieto, de seis años de edad, pero al que quiere como si fuera su hijo; el pasado 30 de enero la hicieron vivir un viacrucis para poder recibir el apoyo del gobierno federal.
De regresaba a casa después de llevar a su nieto al Hospital del Niño en Toluca, narró que el menor recibe un tratamiento especial, pues padece la enfermedad conocida como “huesos de cristal” denominada también osteogénesis imperfecta, y por semana tienen que aplicarle dos ampolletas de Factor Nueve, donde la más barata tiene un costo de 6 mil 500 pesos y la más cara 16 mil pesos.
Al caminar por la calle principal que da a su vivienda, cabizbaja, fatigada, afligida y soportando el frío de la tarde, señaló que dejó en la ciudad de Toluca a su esposo y a su niño –como ella le llama- para que sea atendido, pues un día antes (jueves 30 de enero) estuvo sangrando, debido a que el personal del gobierno federal, que acude bimestralmente a entregar los apoyos del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la hicieron dar vueltas y vueltas para poder recibir el apoyo.
Un día antes, dice Jovita, (miércoles 29de enero), el delegado de la comunidad me hizo saber que mi niño, había resultado beneficiado con el programa de Discapacidad, “y me dijo que llevará la documentación requerida el 30 de enero para que me entregaran dicho apoyo, entre los requisitos estaban el Acta de Nacimiento del menor, el documento que acredita la discapacidad permanente, emitido por alguna institución pública del sector de salud federal, estatal o municipal, comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local y mi INE por ser la tutora del niño”.
Llegamos a las nueve de la mañana para ser de los primeros en recibir el apoyo del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; como pude me traslada hasta el auditorio que se encuentra en la cabecera municipal de San Felipe del Progreso, fui una de las primeras en llegar y me coloque como las de más beneficiaras en la fila, me encontré con personas conocidas de mi comunidad y de otras localidades, quienes conversábamos que era la primera vez que nos tocaba recibir este tipo de apoyo en efectivo para nuestros familiares.
Pero después de varias horas de espera, la encargada de entregar los apoyos Magali González Martínez, -quien dijo, provenían del gobierno federal- me comentó de una forma déspota que no me podía entregar el recurso, ya que el certificado no era válido, porque lo expedía el DIF municipal, cuando en una primera ocasión solicitaron que dicho papel tendría que ser de este organismo; así que me dijo que el documento tendría valides solo si era del ISSEMYM, del IMSS e incluso del hospital general de San Felipe del Progreso.
Les indique que no soy derechohabiente de los institutos de salud que me solicitaban, por lo que me dirigí al hospital general del municipio, donde no me quisieron atender, porque no tenía un historial con ellos, así que no había forma de conseguir otro documento, a lo que respondieron que entonces no me podían pagar porque el certificado era del DIF municipal y no servía.
Les explique de muchas formas que mi niño no podía andar de un lado para el otro, porque su discapacidad es muy delicada, que me dijeran si me entregarían o no el apoyo, sino para no seguir perdiendo mi tiempo, por lo que después de seis hora, sin haber almorzado ni comido, me entregaron el apoyo de 2 mil 500pesos.
Pero me advirtieron que si para el siguiente bimestre no llevo otro certificado que no sea expedido por el DIF municipal, no me pagarán ya que dichos certificados no sirven, sólo porque ellos así lo dicen.