Transparencia obligatoria a instituciones: Laura Rojas

laura-rojas002Con la iniciativa de la Ley Federal de Transparencia se transforma el paradigma de solo acceder a documentación existente: los sujetos obligados publicitarán su información sin solicitud previa, la apertura gubernamental se garantiza a través del apartado “Estado, Gobierno y Sociedad abiertos” y se asegura un Consejo Consultivo robustecido en su autonomía con la participación de la sociedad civil en su integración.

Con esta iniciativa, presentada por los senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, se articula un adamiaje que fomenta el interés de la ciudadanía por conocer las principales actividades que derivan del ejercicio de las funciones de los sujetos obligados, y promueve el seguimiento y la evaluación ciudadana.

Se precisan las obligaciones de transparencia de los órganos autónomos del Banco de México; la Comisión Federal de Competencia Económica; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; la Fiscalía General de la República; de los Institutos Federal de Telecomunicaciones, Nacional de Estadística y Geografía, Nacional para la Evaluación de la Educación, Nacional Electoral; así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; cuyas obligaciones serán, entre otros:

Banco de México. Información estadística relacionada con la política monetaria; de créditos otorgados al gobierno federal; así como sobre las operaciones del Fondo Mexicano del Petróleo.

Comisión Federal de Competencia Económica. Versiones públicas de entrevistas que lleven a cabo los comisionados con personas que representen los intereses de los agentes económicos para tratar asuntos de su competencia.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El inventario de programas y acciones de desarrollo social; los resultados anuales a nivel nacional, estatal y municipal, de la medición de la pobreza; los índices de la tendencia laboral de la pobreza y del rezago social; las fuentes de información para la medición de la pobreza.

Fiscalía General de la República. Información relacionada con estadísticas en cuanto al número de órdenes de presentación, aprehensión y cateo emitidas; incidencia delictiva en el país.

Instituto Federal de Telecomunicaciones. Información de las actas de sesiones del pleno, así como las grabaciones y versiones estenográficas de las mismas, atendiendo a la naturaleza de la información que maneja el Instituto Federal de Telecomunicaciones; así como la relacionada con las bandas de frecuencia y el registro público de telecomunicaciones.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Información relacionada con los programas y catálogos que realiza en el atributo a sus funciones, así como las variables utilizadas, cuestionarios y metodologías; banco de datos que realiza por entidad federativa, municipios, etcétera.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Información relacionada con el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional; los bancos de datos; el catálogo de evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de los educandos, con especial atención a los diversos grupos regionales, a minorías culturales y lingüísticas y a quienes tiene algún tipo de discapacidad, así como su implementación; el diseño de las políticas, los programas, así como su avance y ejecución.

Instituto Nacional Electoral. Los listados de partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas y candidatos independientes; los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos independientes así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas; los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas y, en su caso, de los candidatos independientes.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; el estado que guardan las investigaciones de los hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos; las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos; el estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Las observaciones, recomendaciones y resoluciones emitidas, así como el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las mismas; las estadísticas sobre las solicitudes en materia de acceso a la información, que deberán incluir el perfil del solicitante, el tipo de respuesta, los temas de las solicitudes y, en caso de ser recurridas, el sujeto obligado y el sentido de la resolución.

La apertura gubernamental se garantiza a través del apartado “Estado, Gobierno y Sociedad abiertos”, con el que se articulan esfuerzos entre los sujetos obligados del Estado con los sectores académico, empresarial y sociedad civil; así como lograr que las personas utilicen los mecanismos que tienen a la mano para participar e incidir en los asuntos públicos y contribuir en la creación de soluciones innovadores a problemas de interés común.

Finalmente, en cuanto al Consejo Consultivo, se establece el procedimiento para nombrar a sus integrantes, tarea pendiente del Senado de la República, y en el que se garantizará la equidad de género así como la experiencia en la materia. Será un consejo fuerte, robustecido en su autonomía con la participación de la sociedad civil, que opine sobre los casos relevantes que conozca el INAI, y contrarreste decisiones que tiendan a ocultar la información. La función de los consejeros es indispensable como contrapeso a las decisiones de los organismos garantes.

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