Otro resultado del gobierno corrupto, omiso, indiferente y lejano a la ciudadanía en el Estado de México es el pésimo, inseguro y peligroso transporte público, mismo que pese a los miles de millones de pesos que se le destina, no muestra indicios de mejora alguna, denunció el diputado Omar Ortega Álvarez.
Por lo anterior, solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informe con la máxima puntualidad y precisión las indagatorias que haya hecho sobre el manejo de los recursos federales asignados a la entidad para ese rubro, su resultado y las medidas de resarcimiento y sanción que, en su caso, logró.
Demandará a las secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana, así como a la Procuraduría General de Justicia del gobierno estatal, que presenten una evaluación sobre el desempeño, eficiencia y resultados de los programas emprendidos para mejorar el transporte público y garantizar la seguridad en él.
El diputado perredista destacó que ya en su Informe de la Cuenta Pública 2015 que recién presentó la ASF el pasado 15 de febrero a la Cámara de Diputados, el Estado de México, junto con Veracruz y Michoacán, fue el de mayor número de observaciones pendientes de solventar entre 2011 y 2014, con 14 mil 898 millones de pesos.
Hasta enero había solventado únicamente tres mil 160 millones, por lo que aún se desconoce el destino de 11 mil 737 millones de pesos. Esto pone a la administración de Eruviel Ávila Villegas muy cerca del saqueo que practicaron sus correligionarios Javier Duarte en Veracruz y Fausto Vallejo en Michoacán.
Sobre estas pruebas que evidencian la gravedad de la situación en el Estado de México, Ortega Álvarez pidió al Pleno de la Cámara de Diputados respaldar sus solicitudes a través de una proposición de punto de acuerdo, en la confianza de que el GPPRI y sus aliados no incurrirán en una táctica de encubrimiento similar a la que aplicaron con los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y tantos otros que han saqueado a sus estados.
Para ahondar aún más en la crítica situación de la entidad en materia de transporte público y su correlación con la inseguridad, citó cifras del Ministerio Público estatal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la asociación civil “El Poder del Consumidor” y hasta del ex secretario de Movilidad estatal, Isidro Pastor Medrano, quien además “pidió disculpas” a los mexiquenses por la incapacidad del gobierno del que fue parte para poner orden en el sector.
Con base en esas fuentes, el dirigente del PRD en el Estado de México señaló que quienes habitan esta entidad (90.6%) son quienes más inseguros se sienten de todo el país con una tasa de 45 mil 795 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que significa que cerca del 50 por ciento de la población –prácticamente todos los adultos y una parte significativa de adolescentes- ha sido víctima de robo o asalto, extorsión o fraude.
Lo anterior no incluye la “cifra negra”, es decir, de quienes no denuncian porque desconfían de la autoridad y consideran una pérdida de tiempo presentarse ante el Ministerio Público.
Específicamente en materia de transporte, 22 % de la población (2.5 millones de personas) ya no usa transporte público porque 82 % lo considera caro, deficiente, lento, inseguro y con cada vez más delincuencia a bordo en los últimos años, particularmente en microbuses y autobuses concesionados.
Pero ni el “Mexibús” ni el “Mexicable” merecen la aprobación de los usuarios debido a sus deficientes diseño, infraestructura, operación y servicio, lo que se traduce, por ejemplo, en inaccesibilidad para personas con discapacidad y en un despilfarro de recursos.
Así, el decálogo que Ávila Villegas anunció en 2013 para que los mexiquenses tuvieran un “transporte rápido, seguro y eficaz” –dijo Ortega Álvarez- resultó una “tomadura de pelo” a pesar de que contó con recursos humanos y financieros más que de sobra para cumplir su promesa.
Esta “vacilada” del gobierno priista no debiera alarmar si no fuera porque es incluso trágica para los mexiquenses y un insultante desperdicio del dinero público, por lo que –continuó Ortega- “urge un trabajo arduo y con resultados para recuperar la confianza de la gente” y ello pasa necesariamente por una rendición de cuentas y una revisión puntual del gasto ejercido en la entidad.